17 de julio 2019 | 5:00 am
“El acuerdo es que al entregarme serán retiradas las acusaciones en contra de mi familia”, explica Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, en un video del 15 de abril de 2017.
Señala que su captura fue concertada para permitirle defenderse por la vía legal de las acusaciones de “crimen organizado y operaciones de recursos de procedencia ilícita” en su contra.
La grabación, dada a conocer este lunes en medios de comunicación, pone en entredicho la versión oficial de la captura del exgobernador, una de las más representativas del gobierno de Enrique Peña Nieto, y siembra dudas sobre el papel que jugaron las autoridades mexicanas en la captura.
Los funcionarios de la administración federal pasada “por decir lo menos, actuaron de manera deshonesta”, dijo en entrevista con EL CEO Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de Duarte, y una de las figuras clave en este ‘giro de timón’ en el caso.
La versión oficial sobre la captura de Duarte, dada a conocer por la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) momentos después del arresto, es que fue “resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la oficina central de Interpol en Guatemala”.
¿Un giro en el caso?
A pesar de la mediatización que tuvo, todavía no resulta claro si la publicación del video tendrá impacto directo en el proceso penal que sigue Javier Duarte.
Para saberlo, es necesario conocer cómo modifica la grabación la condiciones específicas sobre las cuáles se le dictó vinculación a proceso al exgobernador de Veracruz, considera José Antonio Caballero, director de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“La defensa siempre trae algunas hipótesis con las que están jugando. Si lo están haciendo público ahora (el video) es porque consideran que pueden tomar alguna ventaja. Yo no alcanzo a ver los elementos que se los permita, pero seguramente ellos ya están negociando para conseguirla”, dice.
Duarte aseguró la semana pasada, en entrevista con Radiofórmula, que pactó su entrega con las autoridades del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) para que dejaran de molestar a su familia.
“El acuerdo era muy sencillo, ‘te tienes que entregar antes de las elecciones a gobernador del Estado de México en julio’” para garantizar que no hubiese persecución contra su esposa, Karime Macías, y tanto ella como sus hijos pudieran irse a vivir a otro lugar, comentó en la entrevista.
Estos pactos no tienen una validez legal. Formalmente, tú puedes llegar a una acuerdo con la Fiscalía, pero si la señora Macías está acusada de algún delito, el delito se tendría que perseguir
, señala Caballero.
Para el experto, las nuevas declaraciones de Duarte buscarían diluir su responsabilidad en los hechos delictuosos que se le imputan, o poner presión sobre otros exfuncionarios.
El exgobernador veracruzano ha dicho que su condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, dictada en septiembre de 2018, también fue pactada.
La semana pasada, anunció que tiene información “valiosa y detallada” contra diversos exfuncionarios involucrados, que quiere entregar a las autoridades.
‘No es un juego jurídico, es un juego político’
El caso de Javier Duarte y sus recientes declaraciones no pueden leerse únicamente en el contexto judicial, sino que deben entenderse también en el ámbito político, explica el analista político Sergio Torres.
Es una llamada que acusa que el expresidente Enrique Peña Nieto lo dejó solo
,
dice en entrevista con EL CEO.
En este contexto, el video de Duarte corrobora la mala imagen que tienen las autoridades de procuración de justicia y abona a la narrativa de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que ha denunciado “la pobredumbre” y “la corrupción” de las administraciones que lo precedieron, considera Torres.
“Al nuevo gobierno le ayuda todo lo que está sucediendo en esta narrativa”.
Este martes, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y funge actualmente como coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, se defendió de los señalamientos de Duarte.
“Entiendo que (Duarte) está buscando algunas salidas para buscar su libertad, conmigo no va a encontrar a absolutamente nada. Javier Duarte y yo tuvimos una relación amistosa, nunca una amistad, siempre dice de mi relación con Yunes. Yunes y yo nos conocimos en el 2003, hubo amistad, decide irse del PRI, yo era gobernador. Se le hizo obsesión con Yunes”, dijo el legislador en conferencia de prensa.
Asimismo, descartó que Duarte tenga elementos en su contra y afirmó que “le falló a México y a Veracruz”.
Sobre el tema, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana sostiene que “valdría la pena citarlos para deslindar declaraciones” y adelantó a EL CEO que próximamente se darán a conocer más materiales relativos al caso.
Con información de Alejandro Juárez.
‘No me detuvieron, me estoy entregando’: qué implica el video de Javier Duarte
Andrea Deydén
andrea.deyden@elceo.com
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17 de julio 2019 | 5:00 am
“El acuerdo es que al entregarme serán retiradas las acusaciones en contra de mi familia”, explica Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, en un video del 15 de abril de 2017.
Señala que su captura fue concertada para permitirle defenderse por la vía legal de las acusaciones de “crimen organizado y operaciones de recursos de procedencia ilícita” en su contra.
La grabación, dada a conocer este lunes en medios de comunicación, pone en entredicho la versión oficial de la captura del exgobernador, una de las más representativas del gobierno de Enrique Peña Nieto, y siembra dudas sobre el papel que jugaron las autoridades mexicanas en la captura.
Los funcionarios de la administración federal pasada “por decir lo menos, actuaron de manera deshonesta”, dijo en entrevista con EL CEO Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado de Duarte, y una de las figuras clave en este ‘giro de timón’ en el caso.
La versión oficial sobre la captura de Duarte, dada a conocer por la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) momentos después del arresto, es que fue “resultado de las investigaciones realizadas por las dependencias que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de la República y con el apoyo de la oficina central de Interpol en Guatemala”.
¿Un giro en el caso?
A pesar de la mediatización que tuvo, todavía no resulta claro si la publicación del video tendrá impacto directo en el proceso penal que sigue Javier Duarte.
Para saberlo, es necesario conocer cómo modifica la grabación la condiciones específicas sobre las cuáles se le dictó vinculación a proceso al exgobernador de Veracruz, considera José Antonio Caballero, director de la división de estudios jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
“La defensa siempre trae algunas hipótesis con las que están jugando. Si lo están haciendo público ahora (el video) es porque consideran que pueden tomar alguna ventaja. Yo no alcanzo a ver los elementos que se los permita, pero seguramente ellos ya están negociando para conseguirla”, dice.
Duarte aseguró la semana pasada, en entrevista con Radiofórmula, que pactó su entrega con las autoridades del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) para que dejaran de molestar a su familia.
“El acuerdo era muy sencillo, ‘te tienes que entregar antes de las elecciones a gobernador del Estado de México en julio’” para garantizar que no hubiese persecución contra su esposa, Karime Macías, y tanto ella como sus hijos pudieran irse a vivir a otro lugar, comentó en la entrevista.
, señala Caballero.
Para el experto, las nuevas declaraciones de Duarte buscarían diluir su responsabilidad en los hechos delictuosos que se le imputan, o poner presión sobre otros exfuncionarios.
El exgobernador veracruzano ha dicho que su condena de nueve años por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, dictada en septiembre de 2018, también fue pactada.
La semana pasada, anunció que tiene información “valiosa y detallada” contra diversos exfuncionarios involucrados, que quiere entregar a las autoridades.
‘No es un juego jurídico, es un juego político’
El caso de Javier Duarte y sus recientes declaraciones no pueden leerse únicamente en el contexto judicial, sino que deben entenderse también en el ámbito político, explica el analista político Sergio Torres.
,
dice en entrevista con EL CEO.
En este contexto, el video de Duarte corrobora la mala imagen que tienen las autoridades de procuración de justicia y abona a la narrativa de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que ha denunciado “la pobredumbre” y “la corrupción” de las administraciones que lo precedieron, considera Torres.
“Al nuevo gobierno le ayuda todo lo que está sucediendo en esta narrativa”.
Este martes, Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y funge actualmente como coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, se defendió de los señalamientos de Duarte.
“Entiendo que (Duarte) está buscando algunas salidas para buscar su libertad, conmigo no va a encontrar a absolutamente nada. Javier Duarte y yo tuvimos una relación amistosa, nunca una amistad, siempre dice de mi relación con Yunes. Yunes y yo nos conocimos en el 2003, hubo amistad, decide irse del PRI, yo era gobernador. Se le hizo obsesión con Yunes”, dijo el legislador en conferencia de prensa.
Asimismo, descartó que Duarte tenga elementos en su contra y afirmó que “le falló a México y a Veracruz”.
Sobre el tema, el abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana sostiene que “valdría la pena citarlos para deslindar declaraciones” y adelantó a EL CEO que próximamente se darán a conocer más materiales relativos al caso.
Con información de Alejandro Juárez.
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Andrea Deydén
andrea.deyden@elceo.com
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