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La trayectoria de Javier Coello Trejo en la función pública comenzó en Chiapas, a principios de la década de 1970. Su primer puesto fue como agente ministerial del fuero común y en pocos años escaló peldaños hasta llegar a la jefatura de la policía estatal, cargo que mantuvo por nueve meses.
Ahí conoció al aspirante presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José López Portillo para el periodo 1976-1982, quien ya como mandatario nacional lo nombró titular de la Fiscalía Especial contra la Corrupción. El nombre de Coello Trejo se volvió relevante en todo el país.
Bajo su mando, la fiscalía encarceló a 1,200 funcionarios, exfuncionarios, empleados el sector privado y empresarios relacionados con actos de corrupción. Debido a esto, el presidente López Portillo le puso el mote de Fiscal de Hierro, con el que es conocido hasta la fecha.
En el siguiente sexenio, el de Miguel de la Madrid (1982-1988), Coello regresó al gobierno chiapaneco como secretario general del estado, bajo las órdenes de Absalón Castellanos Domínguez, con quien trabajó entre 1982 y 1984 hasta que tuvo diferencias por asuntos con los que “no estaba conforme”.
Mientras estuvo alejado de la administración federal, durante el sexenio de De la Madrid, Coello estableció el despacho Coello Trejo y Asociados en 1984. Ese año, conoció a Carlos Salinas de Gortari, entonces secretario de Programación y Presupuesto.
Su amistad con Salinas, que asumió la presidencia tras el gobierno de De la Madrid (1988-1994) le abrió a Coello las puertas a la titularidad de la Subprocuraduría de Lucha Contra el Narcotráfico, cargo en el que se mantuvo entre 1988 y 1990, hasta que se le acusó de permitir que sus subordinados cometieran toda clase de crímenes de lesa humanidad.
Como primer mandato directo de Salinas de Gortari, el 10 de enero de 1989 la Subprocuraduría a cargo de Coello Trejo detuvo al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia La Quina, por homicidio y acopio de armas.
El encarcelamiento de Hernández Galicia es conocido como Quinazo, por tratarse de la detención de un político antagónico a los planes de privatización de Pemex que había insinuado Salinas. Coello habla con orgullo sobre su primer encargo presidencial en el gobierno salinista.
“Ahí yo entendí que el presidente Salinas me tenía confianza. El primer caso que él me encargó, sin ser área de lucha contra el narco, fue la investigación y detención de la Quina. Yo personalmente encabecé eso y lo detuve. Fue un parteaguas en la vida del país, fue la primera vez que se atacaba a los líderes corruptos”.
Las labores de Coello quedaron bajo permanente escrutinio público a partir de ese momento.
La fama de Javier Coello alcanzó su punto más alto el 9 de abril de 1989 con el arresto del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, pieza principal del cártel de Guadalajara considerado el Jefe de jefes del narcotráfico en México en esa década.
La detención de Félix Gallardo fue otro de los asuntos que el entonces presidente Salinas de Gortari le encargó directamente. El narcotraficante era considerado uno de los mayores exportadores de cocaína en el mundo y estaba relacionado con el asesinato de Enrique Kiki Camarena, un agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) que investigaba a la organización criminal.
El encierro de Félix Gallardo es considerado el mayor logro en materia de seguridad del gobierno de Salinas, aunque irregularidades en el operativo policiaco permitieron que el juicio se extendiera durante 28 años, hasta que en 2017 se dictó sentencia de 37 años de prisión, de los cuales ya transcurrieron 30.
Después de eso, el brazo antinarcóticos mexicano fue señalado de cometer arbitrariedades sistemáticas como asesinatos, desapariciones forzosas, tortura y otras prácticas consideradas de lesa humanidad por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), bajo la jefatura de Coello.
En ese lapso se instauró en México el método ilícito de interrogación conocido como tehuacanazo, el cual consiste en asfixiar a una persona con agua mineral a presión hasta obtener una confesión deseada o mayor información sobre algún tema o acontecimiento.
Coello está consciente de las acusaciones y niega su responsabilidad en ellas. Asegura que nunca ha torturado, pero al mismo tiempo abre un debate sobre la aplicación de las garantías individuales y sus posibles excepciones en casos extremos.
“En tres o cuatro meses era yo el héroe nacional y de repente pasé de héroe a villano. ¿Usted cree que un individuo que mete a un tambo de 200 litros con ácido a una gente, a un ser humano, tiene derechos humanos?”, pregunta con ironía.
Javier Coello fue salpicado por otro escándalo cuando la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal lo acusó de varias violaciones sexuales en el sur de la capital a su equipo de escoltas.
El número y la frecuencia de denuncias públicas contra Coello y sus subalternos escalaron a tal grado que Salinas de Gortari ordenó la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La consecuencia final fue su reacomodo en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el último cargo que ocupó en la administración pública.
Luego de una agitada carrera de casi 20 años en diferentes puestos públicos, decidió dedicarse plenamente a su carrera como abogado, a la cabeza de su despacho en la Ciudad de México.
El bufete de abogados ahora está integrado por un equipo de 25 abogados especializados en derecho penal, corporativo, aduanero, civil, familiar y mercantil. A menos de una década de existencia, comenzó a tener participación en casos de interés público, lo que lo convirtió en una de las firmas más reconocidas en el país.
En 1993 participó en la disputa por los derechos de las 39 películas de Mario Moreno Cantinflas como representante de Eduardo Moreno Laparade, sobrino del actor que aseguraba que el comediante le cedió la propiedad de las regalías de los filmes un mes antes de morir.
En la contraparte estaba el hijo único adoptivo del actor, Mario Moreno Ivanova, quien decía ser el heredero del dinero que Columbia Pictures pagaba por la explotación de los materiales de Cantinflas.
El juicio se prolongó 19 años, hasta que el despacho de Coello consiguió en 2012 que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolviera a favor de su cliente, además de obligar a Moreno Ivanova a pagar por los perjuicios ocasionados, así como los costos del pleito.
En 2015, Coello representó a Jorge Vergara, dueño del equipo de futbol Guadalajara y de la empresa de suplementos alimenticios Omnilife, en la denuncia por un fraude de alrededor de 4,000 millones de pesos contra la exesposa del empresario, Angélica Fuentes, quien contaba con 49% de acciones del club y 87.12% del capital social de Corporación Omnilife.
La separación y conflicto judicial que protagonizó la pareja se convirtió en el caso más mediático en México de ese momento. Tras un año de batalla legal, un juez determinó que Angélica Fuentes sustrajo de las cuentas bancarias de Vergara 2,650 millones de pesos para comprar acciones y volverse propietaria de las empresas de la familia.
Coello y sus abogados lograron que la justicia mexicana invalidara las transacciones y ordenara la captura de Angélica Fuentes, aunque tiempo después Vergara optó por una negociación con la madre de sus dos hijas para evitar que llegara la cárcel.
Actualmente representa a la empresaria inmobiliaria María Asunción Aramburuzabala, una de las mujeres más ricas de México, en la denuncia por presunta extorsión contra Teresa Adriana Pérez Romo, esposa del periodista Joaquín López Dóriga.
La heredera de Grupo Modelo, que posee una fortuna estimada de 5,600 millones de dólares (mdd), acusa desde 2015 a Pérez Romo y a López Dóriga de presionarla para frenar un desarrollo inmobiliario en Polanco. En septiembre de ese año, la inmobiliaria de Aramburuzabala ganó un recurso de reclamación para concluir los 122 departamentos en la exclusiva zona capitalina, pero el pleito continúa a través de ataques y contraataques legales de ambas partes.
Aramburuzabala ha declarado en entrevistas con diversos medios que López Dóriga la amenazó con destruirla utilizando su influencia en los medios de comunicación, luego de que la empresaria denunciara a su esposa.
“Joaquín era mi gran amigo. Yo traté de arreglar las cosas por las buenas pero pues no tengo la culpa de que Joaquín sea mandilón. La que manda ahí es la señora. Se pudo haber evitado esto (el conflicto con Aramburuzabala), porque sí hubo extorsión, y la investigación sigue abierta”.
El reto más importante que enfrenta Coello ahora es conseguir la exoneración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, así como de su esposa, Marielle Helene Eckes, su madre, Gilda Austin y su hermana, Gilda Susana, por su probable relación en actos de corrupción que involucran a la petrolera con la constructora brasileña Odebrecht.
El 27 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Congeló las cuentas de Lozoya, tras detectar que presuntamente recibió 3.5 mdd en sobornos de Altos Hornos de México (AHMSA) para permitir que Pemex comprara la planta chatarra Agro Nitrogenados por 275 mdd en 2014.
Además, Marielle Helene Eckes está acusada de recibir una residencia en Ixtapa Zihuatanejo con valor de 1.9 mdd. La casa fue comprada en julio de 2013 a nombre de Alonso Ancira, exdirector de AHMSA a quien detuvo la Interpol en España el 28 de mayo y enfrenta un proceso de extradición a México en libertad, tras pagar una fianza de 1 millón de euros.
Desde ese día, la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido varias órdenes de aprehensión contra Lozoya, las cuales han sido contestadas por la defensa del exfuncionario con juicios de amparo por considerar que la imputación de lavado de dinero no amerita prisión preventiva oficiosa.
Coello asegura que la opinión pública y los medios de comunicación “defenestraron” al exdirector de Pemex y que los señalamientos de la UIF están fundamentados, aunque evita meter las manos al fuego: “Yo no digo que Lozoya sea una blanca paloma; digo que lo que le imputan es falso y lo voy a probar”.
Hace cuentas y asegura que los depósitos de AHMSA a Emilio Lozoya corresponden a trabajos realizados en 2012 para la participación de la compañía en la licitación del Tren Interurbano México-Toluca, aunque el nombre de la empresa no aparece en ninguno de los 29 procesos de licitación de la obra.
En la contabilidad de AHMSA están los proyectos y los entregables del trabajo que hizo Lozoya como consultor externo para la licitación del Tren Interurbano México – Toluca, y los depósitos a Lozoya se hicieron antes de que se cerrara el negocio de AgroNitrogenados, explica.
Su dedo afilado apunta más lejos y pone en la mira a otros exfuncionarios involucrados en el negocio de las instalaciones en Veracruz. Por ello exige que la FGR cite a declarar al expresidente Enrique Peña Nieto, al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray y a los miembros del Consejo de Administración de Pemex.
“La imputación por lavado de dinero es de risa (…) Emilio Lozoya ha sido defenestrado por la opinión pública y por los medios de comunicación. Lo han analizado como director de Pemex pero nadie ha visto para atrás, antes de que se metiera a la política”.
Coello está consciente de que hay gente que le puede hacer daño a él o a su familia, por lo que permanentemente tiene un escolta que lo acompaña a donde sea que vaya. En varias ocasiones ha sufrido atentados, inclusive en su casa.
Por ello le preocupan los niveles de inseguridad y los problemas que al sistema de procuración de justicia en el país.
México es la cuarta nación con mayor impunidad del mundo, según el Índice Global de Impunidad México 2018 de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El estudio indica que el porcentaje de encarcelados por homicidio en México es de 17.09%, tomando en cuenta solamente los casos en los que se abre una carpeta de investigación. En tanto, los delitos no denunciados en el país -conocidos como cifra negra- equivale al 93.7% del total de delitos cometidos, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2017.
Sin embargo, apunta, el principal problema es que en México no se imparte justicia ni existe el estado de derecho, por lo que cuestiona la reducción general de salarios en el sistema de procuración y los recortes de personal que impulsó la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Para mejorar los niveles de justicia en el país propone mejorar la preparación y los ingresos de la policía y de los ministerios públicos, que son el primer contacto entre autoridades de las víctimas que sufren algún delito y señala la importancia de aumentar el número de jueces. México tiene 3.9 jueces por cada 100,000 habitantes, mientras que en el resto del mundo hay 16, de acuerdo con la investigación de la UDLAP.
