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Julio Hernández nunca tuvo el sueño de ser policía, bombero ni astronauta. Desde niño quiso ser abogado. Inclusive, cuando aprendió a escribir comenzó a relatar historias policiacas “al estilo del semanario Alarma!”.
Siente que el Derecho corre por sus venas y, desde pequeño, se familiarizó con la rama penal por el trabajo de su padre, Julio Hernández Pliego.
A los siete años de edad conocía más cárceles que cines porque su padre lo llevaba con él a trabajar y a recorrer cárceles en todo el país, dice. Por ello, entre sus amistades se contaban celadores y reclusos de las prisiones que visitaba.
Uno de los lugares que visitaba habitualmente era el antiguo Palacio Negro de Lecumberri, el centro penitenciario donde estuvieron presos el héroe revolucionario Pancho Villa, los escritores José Revueltas y José Agustín, el pintor David Alfaro Siqueiros y Ramón Mercader, asesino del político ruso León Trotsky, entre otros.
En los pasillos de la cárcel jugaba a la pelota mientras esperaba a que su padre terminara de hablar con sus clientes, pero también tiene otras anécdotas que relata con emoción.
Su cercanía con los asuntos jurídicos que conocía su padre le hicieron notar que las víctimas tenían un papel menor del que deberían en el sistema de Justicia mexicano.
Por eso ha dedicado gran parte de su carrera a la atención a víctimas en el país.
Como profesor en universidades como la Nacional Autónoma de México, la Iberoamericana, la Panamericana y la de de Emory en Atlanta ha ofrecido clases de Derecho Victimal, una postura que toma a las personas afectadas por un delito como sujetos de garantías y no únicamente como agraviados.
Además, su participación en la redacción de la Ley General de Víctimas marcó otro importante parteaguas en su carrera.
Luego del rechazo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa a su propuesta y de que su sucesor, Enrique Peña Nieto, promulgara la medida en 2013, Julio Hernández Barros llegó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) – organismo nacido a raíz de la publicación de la ley.
“Yo siempre sostuve que una de las partes que necesitaban las víctimas era la reparación integral que implica la reparación del daño, pero no solo eso. Las víctimas necesitaban tener derechos de no repetición, es decir, cómo garantizamos que eso no vuelva a ocurrir; derechos de satisfacción, por ejemplo memoriales, esculturas, nombres de calles, nombres de plazas públicas”
Hernández Barros asumió la presidencia de la CEAV en 2016 durante cuatro meses.
Salió del organismo en medio de la presión de organizaciones civiles como Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que lo señalaron de utilizar su puesto para fines personales.
Aunque su trayectoria ha estado principalmente marcada por su interés en las víctimas, Hernández Barros también ha defendido a funcionarios acusados por presuntos hechos ilícitos.
El caso más representativo actualmente es el de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, a quien el abogado representó oficialmente hasta el 6 de septiembre.
La exfuncionaria está acusada por el delito de ejercicio indebido de la función pública y actualmente se encuentra presa en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México por su presunta omisión para informar de un desvío de recursos multimillonarios a través de universidades públicas con las que su dependencia hizo convenios.
La judicialización del caso contra Robles derivó de la investigación periodística La Estafa Maestra, de Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, basada en reportes de la Auditoría Superior de la Federación donde se documenta que las dependencias donde despachó realizaron convenios indebidos con universidades públicas, instituciones que a su vez subcontrataron a empresas con irregularidades que nunca entregaron los servicios contratados y permitieron el desvío de más de 5,000 millones de pesos.
El abogado asegura que el reportaje periodístico “es ciencia ficción” y que su exclienta es una “presa política” y víctima de la presión mediática del caso, que sigue en proceso judicial.
Pero Robles no es la única.
En 1995 Hernández Barros trabajó en el caso del genocidio de Aguas Blancas, Guerrero, en el que elementos policiacos dispararon a quemarropa contra miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, que protestaba contra el exgobernador priista Rubén Figueroa Alcocer.
El ataque dejó un total de 17 campesinos muertos y fue calificado como un crimen de Estado, debido a los testimonios de sobrevivientes que desmintieron la versión oficial que apuntaba a un enfrentamiento armado entre los elementos policiacos y los disidentes, que viajaban hacinados a bordo de un camión.
“Yo representaba al secretario general de gobierno, al procurador del estado, al director de la policía, subprocuradores, ministerios públicos involucrados. A todos esos servidores públicos yo los representé en ese entonces con mucho éxito, pues la enorme mayoría salió exonerada de ese asunto”, recuerda Hernández Barros, quien llevó el caso junto con su padre, el abogado procesalista, Julio Hernández Pliego.
En 2001, el litigante participó en como defensor en el Pemexgate, un caso en donde se descubrió que fondos del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) fueron utilizados para financiar la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, candidato del Partido Revolucionario Institucional en el año 2000.
Hernández Barros consiguió la liberación bajo fianza de Manuel Gomezperalta Damirón, exdirector corporativo de Finanzas de la compañía que fue el único involucrado que pisó la cárcel por el fraude a la entonces paraestatal. El abogado se rehúsa a mencionar el nombre de su defendido, pero se muestra orgulloso por haberle conseguido “la fianza más grande que se había puesto en México en toda la historia”.
La participación de Hernández en el caso destrabó un atolladero judicial que derivó en la exculpación de prácticamente todos los involucrados en el fraude a la petrolera mexicana, según reportes periodísticos de 2002.
A pesar de que únicamente representó a Rosario Robles Berlanga durante un mes, Julio Hernández está seguro de su inocencia y de que “ella no se llevó un solo peso” de las arcas públicas.
La convicción inamovible que tiene en su exclienta, y en todos sus representados, es una política profesional que aprendió desde el primer momento que ejerció como abogado, cuando defendió a un comerciante acusado de violación en la década de 1980.
Según cuenta, días después de recibir su título como abogado por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, aceptó defender a un joven vendedor que había sido acusado de violar a una mujer tras ingerir 14 litros de cerveza.
El imputado, de unos 25 años, dijo no recordar nada de esa noche, pero que confiaba en la versión de la mujer que lo acusaba. Hernández Barros pidió que se le aplicara a su cliente la pena mínima por el delito, ya que era la primera vez que delinquía, puesto que no estaba convencido de su inocencia.
Sin embargo, la jueza del caso absolvió al imputado contra el pronóstico del defensor, puesto que la evidencia médica muestra que no es posible mantener una erección en las condiciones en las que se habían dado los presuntos hechos.
La participación de Hernández en el caso destrabó un atolladero judicial que derivó en la exculpación de prácticamente todos los involucrados en el fraude a la petrolera mexicana, según reportes periodísticos de 2002.
“Ese caso me dejó una gran lección porque, a fin de cuentas, yo no creí en mi cliente. Creyó más la jueza en mi cliente que yo. Yo dudé de él, y desde entonces yo no tomo asuntos en los que no creo en mi cliente. Si voy a defender a una persona, es porque estoy absolutamente convencido de su inocencia”, cuenta.
Casi tres décadas después, esa filosofía lo acompaña. Por eso, aunque ya no represente oficialmente a Rosario Robles, no duda de su palabra y prefiere cuestionar el trabajo periodístico que desveló el esquema de corrupción.
“Yo creo que todos se compraron esa historia periodística que es imposible de probar porque no existe. Es una historia de ciencia ficción que ellos construyen periodísticamente y que le adosas notas de realidad y que le pones nombres a esa historia y eso confunde porque no sabes donde termina la realidad y dónde comienza la ficción. Aquí la verdad es que es más grande la ficción que la realidad”, dice.
Actualmente, Hernández Barros se encarga de atender el caso de Robles Berlanga en tanto ella designa un nuevo defensor, luego de que el 6 de septiembre anunciara que dejaría de trabajar con ella porque no es capaz de cubrir sus honorarios.
