Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1: una historia de litigios y conflicto social

1 de noviembre 2019 | 10:55 am

Activistas y defensores del territorio en la Sierra Norte de Puebla denunciaron este jueves un recrudecimiento de las acciones de criminalización y hostigamiento en su contra, relacionadas con su oposición al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 de la constructora Comexhidro, que abastecería de energía a las empresas Walmart de México, Suburbia, Vips, Colchas de México y Waldo’s Dollar Store.

Habitantes de las tres comunidades totonacas contrarias al proyecto, así como las organizaciones civiles Fundar y Consejo Tiyat Tlali, que acompañan legalmente, reportan haber sido víctimas de intimidación por autoridades de procuración de justicia en Puebla y por personas que se manifiestan a favor del proyecto privado de infraestructura.

Las agresiones denunciadas se dieron en el marco del juicio de amparo contra la construcción de la obra entre julio y octubre de 2019, aunque desde 2016 – cuando inició el proceso legal– los defensores del territorio y las asociaciones civiles han sido víctimas de intimidación y hostigamiento, relató Itzel Silva, abogada de Fundar.

Al inicio del juicio, autoridades municipales reabrieron irregularmente una carpeta de investigación – en la que se establecía el no ejercicio de la acción penal contra varios activistas – para obtener el domicilio de los opositores al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

Lo entendemos como un acto de intimidación por nuestro trabajo en la zona

, dijo Silva.

Fundar también acusó que en semanas recientes circularon documentos en las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en donde consta un listado falso de financiadoras y montos otorgados la asociación, así como fotografías del domicilio de una de las activistas del Consejo Tiyat Tlali.

Además, un grupo de habitantes de las comunidades impactadas por la obra, que dijeron estar de acuerdo con ella, se presentaron en sus oficinas el 18 de octubre para pedir que no se impugnara la sentencia judicial emitida una semana antes, en la que se negaba el amparo contra la construcción la hidroeléctrica.

“No retrasen los apoyos que tenemos asegurados al impugnar una decisión tan contundente como la sentencia antes mencionada”, pidieron representantes de comunidades a favor del proyecto en una carta con fecha de 17 de octubre, de la que EL CEO tiene copia.

Amparo denegado

El 10 de octubre, el juez Miguel Arroyo Herrera, del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla, negó el amparo contra la construcción del Proyecto Hidráulico Puebla 1.

La resolución judicial, a la que EL CEO tuvo acceso, considera que las tres comunidades totonacas quejosas – San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec – no tienen un interés legítimo para ir a juicio de amparo.

“El juez dictaminó que esas comunidades no están afectadas por el proyecto. Perdieron el amparo porque no pudieron probar sus afectaciones ni impactos significativos”, considera María Nieves García-Manzano, directora general de la consultoría GMI Consulting.

La sentencia también señala que los quejosos no probaron tener relación económica o religiosa con el río Ajajalpan y avala la consulta indígena sobre el proyecto hecha por la Secretaría de Energía en 2015.

Dicha consulta es uno de las principales irregularidades en el proceso que alegan los opositores al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, debido a que se realizó seis años después de entregar los primeros permisos de la obra.

De acuerdo con García-Manzano, Comexhidro se acercó a la Secretaría de Energía de manera voluntaria en 2015 para realizar la consulta, pese a que no estaba obligado por la legislación mexicana por haber obtenido sus permisos en 2009.

La Ley de la Industria Eléctrica, que incorpora la figura de consulta indígena en el sector, fue promulgada en agosto de 2014.

Comexhidro fue la primera empresa que quiso hacer una consulta indígena en el sector energético en México, pese a que no tenían obligación

, dice la consultora.

Sin embargo, incluso a falta de legislación nacional, México estaba obligado internacionalmente a realizar consultas indígenas desde hace casi 30 años.

Desde 1991 México tiene la obligación internacional de cumplir con el Convenio 169 de la Organizacional del Trabajo (OIT), en la que se enmarca la obligación de consultar a los pueblos indígenas previo al diseño y planificación de proyectos de infraestructura que puedan afectarlos.

Los tratados internacionales firmados por México se encuentran a la par de la Constitución, por lo que se deben acatar y las legislaciones nacionales deben armonizarse con ellos.

Aunque las comunidades también reclamaron a las autoridades no haber efectuado un estudio de impacto social previo al otorgamiento de los permisos, el juez no reconoció la existencia de esta obligación internacional

, señaló Fundar en un comunicado.

La asociación también señala que Arroyo no tomó en consideración un Peritaje Oficial de Biología e Impacto Ambiental elaborado por la hoy extinta Procuraduría General de la República, en la que se determinó que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 tendrá impactos en el medio ambiente que van desde la disminución en la calidad del agua y la generación de gases de efecto invernadero, hasta erosión y contaminación de otros acuíferos.

Por lo anterior, los activistas y defensores del territorio anunciaron que interpondrán un recurso de revisión, lo que tendría en suspenso las obras hasta que un Tribunal Colegiado resuelva el asunto.

Sobre este punto, habitantes de comunidades impactadas por el proyecto que están a favor de su realización enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de agosto en la que manifestaron haber dado su consentimiento para la obra.

Comunidades enfrentadas

El problema judicial no es el único que preocupa a los opositores del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

En las comunidades totonacas de la región – dedicadas principalmente a actividades agrícolas que dependen del río Ajajalpan –, las opiniones sobre el proyecto de infraestructura se han polarizado y tienen a la población dividida, refieren habitantes y activistas locales.

La Sierra Norte de Puebla es una región expulsora de personas, que suelen migrar a otras zonas del país o a Estados Unidos, en busca de empleo. Actualmente, 74.61% de sus habitantes viven en condiciones de pobreza – 55.55% en pobreza moderada y 19.06% en pobreza extrema –, de acuerdo con información del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica del Estado de Puebla.

En ese contexto, la promesa de tener más empleo y aumentar sus ingresos seduce a muchos de los pobladores.

Hay muchas comunidades en el área de influencia del proyecto que sí quieren el proyecto

, dijo García-Manzano.  

En su opinión, evitar que entren este tipo de proyectos afecta el desarrollo de las comunidades.

La central hidroeléctrica tiene una vida útil proyectada de 30 años a partir del momento en que entre en operación, de acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto publicada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en 2011.

En ese periodo, ofrecerá empleos permanentes directos a las comunidades aledañas, dice el documento.

Sin embargo, también se ha detectado la presencia de operadores políticos que promueven el proyecto y amedrentan a los opositores, destacan los activistas.

Tal es el caso de Jesús de la Luz Sánchez Cuevas, quien fungió como secretario general del ayuntamiento de Ahuacatlán – aledaño al municipio donde se prevé la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 –, que en 2017 presentó una denuncia contra varios de los activistas por  presuntas lesiones, señaló Fundar.

La carpeta de investigación se cerró tras decretarse no ejercicio de la acción penal.

“Se encargó de ir a las comunidades, de decirles que el proyecto se tenía que aceptar, amenazó a compañeros que se oponían. Esa función la ejercen muchas veces autoridades locales”, dijo Silvia Villaseñor, del Consejo Tiyat Tlali.

A los opositores les preocupa que este tipo de promoción del proyecto, aunado a la falta de información sobre las afectaciones que pueden existir a largo plazo en el medio ambiente y en la vida de las comunidades, genere una visión distorsionada sobre su conveniencia. Los pleitos por el tema incluso han incluido disparos de arma de fuego.

Se ha causado mucha división en nuestra comunidad. Entre la propia población nos hemos peleado, eso es muy triste porque somos del mismo pueblo

, dijo Antonio Sánchez, residente de la zona.