Constellation Brands tiene a México contra la pared, gracias al TLCAN

26 de marzo 2020 | 5:00 am

La suspensión de una planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali acercaría a México a una nueva controversia internacional por expropiación, según lo que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para evitar ir a juicio ante un panel internacional, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puede negociar una indemnización que logre resarcir el daño económico a la empresa distribuidora de las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos.

De acuerdo con el artículo 11 del TLCAN, el valor de una posible indemnización debe equivaler “al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada inmediatamente antes de que la medida expropiatoria se haya llevado a cabo”.

La obra ubicada en el Valle de Mexicali requiere una inversión total de 1,400 millones de dólares (mdd), de los cuales Constellation Brands ejerció 900 hasta el momento, según las cifras de la compañía.

Además, una posible sanción también implicaría otros daños financieros derivados de la suspensión del proyecto.

Esto último incluiría la caída en bolsa que sufrió la firma, tras la publicación de los resultados de la consulta que determinó la suspensión de las nuevas instalaciones en Mexicali, dice Michel Zelaya Viesca, experto en comercio exterior de la firma Santamarina y Steta.

Por el momento el planteamiento de la controversia ante un panel internacional favorece a la empresa, opina Leonel Carrano, profesor de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“En un caso de este tipo el panel internacional le daría mayor ventaja a Constellation, debido a que el TLCAN está redactado para proteger principalmente al sector privado de las acciones gubernamentales ”, dice el experto.

Herencia transexenal

La construcción de la planta cervecera en Mexicali comenzó en 2017, con el aval de la administración del exgobernador Francisco Vega de Lamadrid, también conocido como Kiko Vega.

Sin embargo, el 21 y 22 de marzo de este año, la Secretaría de Gobernación (Segob) realizó en Baja California una consulta sobre la continuidad de la obra, debido a múltiples inconformidades que ocasionó en un sector de la población.

Los resultados del ejercicio determinaron que 76.1% de los participantes se manifestaron en contra de la obra, mientras que solo 23.2% votó en favor y 0.7% anularon su participación.

Los 36,781 participantes en la consulta, no obstante, representan apenas el 4.6% del padrón electoral de Mexicali y el 1.3% a nivel estatal, según los datos más recientes del Instituto Electoral de Baja California.

Tras la publicación de los resultados, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que no daría las autorizaciones para finalizar la planta cervecera, además de que dejaría “sin efecto el permiso de descarga que emitió la administración anterior.

Esta medida anunciada primero por la Segob es equivalente a una “expropiación indirecta”, de acuerdo con los expertos consultados por EL CEO.

El artículo 10 del capítulo 11 sobre Inversión del TLCAN que firmaron Estados Unidos, México y Canadá en 1993, establece que ninguna de las partes puede adoptar medidas “equivalente a la expropiación”.

La única vía pacífica para tomar una resolución de este tipo es mediante el pago de una indemnización a la compañía afectada, según lo establecido en el acuerdo comercial.

De acuerdo con Zelaya Viesca, la negociación de un pago resarcitorio incluiría la inversión de 900 mdd que hasta el momento reporta Constellation Brands, pero también la pérdida de valor de la compañía tras el anuncio de la cancelación.

Las acciones de la firma cayeron 11.75% durante la sesión del lunes, con lo que los títulos de la cervecera se vendieron en 105.64 dólares, su menor precio desde enero de 2015, cuando se cotizaron en 103.05 dólares.

El monto de una indemnización es aún imposible de calcular, coinciden los entrevistados. “Dependerá de la capacidad de negociación del gobierno federal y la flexibilidad de la empresa”, dice Carrano.

La clave para el gobierno

En su conferencia matutina del miércoles, López Obrador dijo que Constellation Brands incurrió en actos de corrupción para obtener los permisos de la planta cervecera en Mexicali.

Dijo que se revisarán dichos permisos y recordó las “grandes movilizaciones” que surgieron en contra del proyecto.

La principal causa de oposición a la obra es la falta de recursos hídricos en la zona. 

Un estudio del Consejo Nacional de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicado en abril de 2019, encontró varias irregularidades en los documentos y dictámenes técnicos para la construcción de la planta en la ciudad fronteriza.

Por ejemplo, cuando Constellation Brands anunció la inversión en el Valle de Mexicali, garantizó que la planta utilizaría “menos del 0.3% del volumen de agua” que recibe anualmente la zona.

Sin embargo, el análisis técnico de la Conacyt reveló que el volumen reportado contemplaba la materia prima, sin incluir limpieza, vapor, y otras actividades del proceso productivo.

En general, el estudio resalta seis aspectos dudosos sobre la construcción de la planta, entre los que están un alto grado de opacidad en el manejo de la información, la aprobación ‘fast track’ del proyecto, además de un amplio rechazo social.

Mientras tanto, el sector empresarial sostiene que los permisos se obtuvieron de manera legal.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) advirtió el martes que la empresa estadounidense demandará al país, al amparo del TLCAN para exigir el pago de “daños y perjuicios”.

“Si Conagua entregó los permisos, es porque sabía exactamente el sustento técnico y tecnológico de cada acción que se debería tomar”, dijo Carlos Salazar Lomelín en conferencia vía remota ante las preguntas que realizó EL CEO sobre el tema.

Constellation Brands, por su parte, dijo que está dispuesta a negociar con la administración de López Obrador.

No obstante, los señalamientos del gobierno mexicano son por “influyentismo” en la obtención de las autorizaciones para el uso industrial de agua.

El principal reto para el poder Ejecutivo será demostrar que sus aseveraciones son ciertas, y así llegar en una situación menos adversa a las negociaciones o al posible juicio comercial internacional.