Propuestas de la fiscal anticorrupción para luchar contra empresas corruptas (Parte I)

13 de mayo 2020 | 5:00 am

Nota del editor: La segunda parte de esta columna de opinión será publicada el 14 de mayo.

Si ustedes, estimados empresarios, piensan que las malas noticias terminaron para ustedes en este sexenio, están en un error, al parecer apenas estamos empezando.

La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene perfectamente claro que antes que señalar a los Zetas, al Cartel Jalisco Nueva Generación, al Cartel de Sinaloa, al Cartel de Santa Rosa de Lima o a cualquiera de los muchos exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, hay que señalar al empresariado como ese ente malvado que es responsable de robar, de beneficiarse por rescates financieros, de ser partícipe en fraudes fiscales y de ser parte intrínseca de la brutal corrupción que prometió combatir, pero que simplemente ha caído en una decepcionante simulación.

Hoy no es diferente. El 11 de marzo, la fiscal anticorrupción (creada en línea con la Fiscalía General de la República y que no tiene mucho que presumir), María de la Luz Mijangos, entregó al Senado de la República un informe de actividades por el período del 11 de marzo de 2019 al 10 de marzo de 2020 que pude leer con detenimiento y, con mucha preocupación, extraje algunos fragmentos que inevitablemente van a afectar todavía más a una clase empresarial golpeada a más no poder por la emergencia sanitaria del coronavirus, por la falta de incentivos fiscales, por la ausencia de cualquier programa de apoyo empresarial y/o por la ausencia de cualquier rasgo de empatía gubernamental, en pocas palabras.

En este reporte no solo se lee nuevamente, entre líneas y ya no tanto, un desdén hacia las mujeres y hombres de negocios que mantienen a México a flote generando dos, tres, cuatrocientos o cinco mil empleos, sino que sin atender a un análisis fundamentado en la adecuada gestión de riesgos (para mencionar un protocolo ya validado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y aplicado por el sistema financiero), se colocaría a las empresas de todos los tamaños y de casi todos los giros en una situación de vulnerabilidad obligándolas a implementar protocolos “anticorrupción” que no necesariamente esté en sus manos el poder cumplir, simplemente en algunos casos por no tener los recursos necesarios para implementar todas las acciones correspondientes. 

¿A qué le deben tener miedo los empresarios? Agárrense que va a ser largo.

Tal vez al señalamiento de la fiscal en la que apunta que se propondrá al fiscal general de la República la creación de áreas especializadas en contrataciones públicas, en programas sociales, en sector salud, en seguridad nacional y/o en corrupción corporativa.

Imposible no pensar en este punto en las acusaciones por “corrupción política” que tanto llamaron la atención durante los primeros días (al parecer ya lejanos) de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

Tal vez deba preocuparnos que la Fiscalía General de la República, con el fin de combatir a la “gran corrupción” empresarial (en palabras de su Fiscal Anticorrupción), pretenda generar incentivos y criterios que procuren el “debido control interno de sus organizaciones mediante mejoras a su gobierno corporativo y el desarrollo de programas de integridad y de cumplimiento” al interior de las empresas. Si, una dependencia pública encargada de la procuración de justicia que le indicará a los empresarios el cómo debe comportarse.

Scare tactics 101 o los juegos del hambre, como usted prefiera entenderlo.

¿Qué más tiene en mente la Fiscal Anticorrupción?

Pues nada más ni nada menos que modificaciones al Código Penal Federal, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y a la Ley Nacional de Extinción de Dominio, pero de eso platicaremos mañana.

*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia

Este texto es un blog de opinión. Su contenido es responsabilidad del autor y no representa necesariamente la postura de EL CEO.