CNDH descarta acciones contra uso de Fuerza Armada en seguridad pública

11 de junio 2020 | 7:43 pm

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) descartó una acción de inconstitucionalidad contra el Acuerdo para emplear permanentemente al Ejército en labores de seguridad pública promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una carta publicada este jueves, el órgano dirigido por Rosario Piedras Ibarra emitió su preocupación por la publicación del acuerdo que entró en vigor el 12 de mayo, no obstante, aseguró que no está habilitado para promover un recurso jurídico contra la medida.

La CNDH recordó que anteriormente promovió acciones de inconstitucionalidad sobre las leyes de la Guardia Nacional, el uso de la fuerza, el registro de detenciones y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las cuales aún están en proceso de resolución.

“Mientras eso pasa, seguiremos vigilantes, y que no quepa duda de que actuaremos, frente a cualquier violación a los derechos humanos en el contexto de aplicación del citado acuerdo”, expuso el organismo.

El pasado 11 de mayo, López Obrador publicó un Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena a la Fuerza Armada a participar en las funciones de seguridad pública a cargo de la Guardia Nacional de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada”.

La medida establece el apoyo de la Fuerza Armada mientras que el nuevo cuerpo militar desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, en un periodo máximo de cinco años.

Además, instruye a Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definirla complementación de la Fuerza Armada a la Guardia Nacional.

Rosario Piedra Ibarra fue elegida por la Cámara de Senadores como titular de la CNDH el 7 de noviembre de 2019, en medio de críticas por su cercanía expresa con el titular del Ejecutivo.

El nombramiento de la activista enfrentó el rechazo de diversos sectores públicos, así como del de los partidos opositores a Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que la consideran militante del partido fundado por López Obrador.

En 2018 fue candidata a diputada federal por Morena, aunque no resultó electa, además de haber fungido como secretaria de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional del partido, al que no había renunciado como militante hasta el día de su elección.