Santiago Nieto y las decisiones que deberá tomar el presidente

14 de enero 2020 | 5:00 am

La Reunión Anual de Embajadores y Cónsules 2020 fue el escenario de la ruptura formal en la tensa relación que existía entre Alejandro Gertz y Santiago Nieto.

El usualmente sobrio Fiscal General de la República, probablemente en un momento de hartazgo, criticó el protagonismo del flamboyante titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dejando en claro que Nieto no respetaba la presunción de inocencia y que su actuar afectaba al debido proceso.

Alejandro Gertz fue breve pero lapidario: “La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetuosa de la presunción de inocencia. Hay unidades, no de la Fiscalía, sino del Gobierno, que no respetan esa presunción”.

Esta declaración puso contra las cuerdas al Presidente de la República, quien se vio obligado a contestar con un vago “habrá diálogo y comunicación para que haya entendimiento”, y al titular de la UIF con un cliché del presidente: “abrazos, no balazos”.

 Para entender esta confrontación, cuya explicación va más allá de su interés por suplir en el cargo a Gertz, debemos remitirnos al 3 de septiembre de 2018.

Cuando Carlos Urzúa, entonces futuro Secretario de Hacienda, anunció que Santiago Nieto, tal vez el único funcionario del sexenio de Enrique Peña que investigó e intentó perseguir una pequeña parte del entramado de corrupción que marcó su presidencia –y pagó un precio muy alto por ello–, quedaría a cargo de la hasta entonces casi desconocida para el ciudadano de a pie Unidad de Inteligencia Financiera.

En su momento, muchos celebramos ese nombramiento, ya que aunque la operatividad de la UIF, todavía dependiente de la Secretaría de Hacienda, pese a las intenciones de Nieto, posee una elevada complejidad técnica que jamás había sido parte de las funciones de Santiago en ninguno de los puestos públicos que había ocupado hasta ese día. Su imagen pública era positiva y la breve investigación que condujo desde la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sobre la trama financiera del affaire Odebrecht-Lozoya eran todas las cartas credenciales que la sociedad necesitaba.

Incluso la llegada de Nieto fue vista como una esperanzadora señal de que por fin serían investigados los señalamientos de un uso indebido de la UIF a cargo de Alberto Bazbaz. Ese gran secreto a voces de la era de Enrique Peña Nieto.

Incluso en alguna ocasión señalé que, probablemente, Nieto se convertiría en el funcionario estrella de Andrés Manuel López Obrador y acerté, pero resultó ser por las razones erradas.

Sin embargo, el nombramiento de Nieto también generó problemas desde el día uno, ya que Andrés Manuel López Obrador, como presidente electo, no solo le quitó a Urzúa la facultad de nombrar a los funcionarios clave de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coadyuvantes en la lucha contra los capitales de origen ilícito como el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría Fiscal de la Federación, sino que su equipo fue informado de la decisión al tiempo que se encontraban evaluando a especialistas de la iniciativa privada para encabezar la UIF.

A partir de entonces, la relación entre Nieto y Urzúa fue complicada, ya que para nadie era un secreto que el verdadero jefe de la UIF no era el Secretario de Hacienda, sino el presidente de la República. Vamos, no era inusual enterarse que Nieto asistía a reuniones en Palacio Nacional sin pasar a saludar, ni por mera cortesía, a Urzúa.

Tras asumir el encargo y conformar a su equipo con antiguos colegas expertos en materia electoral; en menos de tres semanas, Nieto salió a medios para declarar que se habían bloqueado numerosas cuentas bancarias y recibió una apoteótica ovación.

Sin embargo, olvidó precisar que esto no necesariamente fue por las investigaciones de su equipo, sino a que utilizó el increíble inventario de asuntos rezagados que recibió de sus predecesores y que, en mi opinión, lo obligaba a decirlo, a investigar y, en su caso, a presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República y ante la Secretaría de la Función Pública.

El éxito fue tan rotundo que probablemente Nieto tomó la decisión de publicitar prácticamente todas sus investigaciones, acusando y exculpando a diestra y siniestra sin preocuparse por cuidar las formas legales.

Justamente esas que le dieron a Alberto Elías, su entonces jefe como Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República; la excusa perfecta para despedirlo como Titular de la FEPADE.

El récord de bateo de las acusaciones públicas de Santiago Nieto no necesariamente le es favorable, ya que en varios casos las personas o empresas a quienes acusó, han librado los bloqueos en tribunales y han sido objeto de numerosas críticas que colocan a la UIF en una situación de vulnerabilidad extrema: la de ser usada con fines políticos mientras se busca otorgarle mayores facultades y crear una ‘súper UIF’ que, ilógicamente, supla al Ministerio Público.

De hecho, la declaración de Andrés Manual López Obrador acerca de que Santiago no hace nada sin consultar con el Presidente resulta lapidaria y debería de haber encendido todas las alertas ya que, de ser cierto, viola flagrantemente la Recomendación 29 del Grupo de Acción Financiera Internacional que claramente establece que la UIF debe ser independiente y operativamente autónoma.

Como una consecuencia natural, Santiago Nieto se está enfrentando a un proceso de desgaste por varios lados: no necesariamente está logrando grandes golpes contra las finanzas de la delincuencia organizada. Ha puesto en riesgo varias investigaciones por sus declaraciones y ahora está ya públicamente enfrentado ni más ni menos con el Fiscal General de la República.

Esto será un problema que no necesariamente podrá ser resuelto por el grupo político radical al interior de la cuarta transformación que lo ha acogido como uno de ellos.

Su bono como el ‘zar anticorrupción’ tiene un límite y puede ser que haya brillado demasiado fuerte, puede ser que en algún momento Nieto pase de ser el funcionario estrella de Andrés Manuel López Obrador a ser un riesgo político, sobre todo al depender del curso que tome una solicitud de información presentada por un particular en octubre del 2019 ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, respecto de las “causas graves” que llevaron a la renuncia del ahora exministro Medina Mora.

 Puede ser que el presidente, como el perfecto animal político que es, ya esté contemplando una salida digna para Santiago Nieto.

¿Será acaso la Presidencia del Instituto Nacional Electoral, si logran quitar a Lorenzo Córdova, o tal vez la candidatura para la gubernatura de su natal Querétaro?

La elección será en 2021 y qué mejor que un candidato que pueda usar como plataforma de campaña su lucha contra la corrupción de Enrique Peña Nieto. No olvidemos el romanticismo que puede traer el seguir los pasos de su padre, Jaime Nieto Ramírez; de su tío, Gustavo Nieto Ramírez y de su primo, Gustavo Nieto Chávez, quienes fueron presidentes municipales de San Juan del Río.

O tal vez, y solo tal vez, un lugar en la Suprema Corte en 2021 con la jubilación del ministro José Fernando Franco González Salas. O si prospera la absurda propuesta de la bancada de Morena en el Senado para crear una Sala anticorrupción.

Sea como sea, es necesario hacer un alto y replantear la lucha contra la delincuencia organizada y contra la corrupción.

A poco más de un año, no puedo negar que cada vez que leo una nota sobre la UIF, lo primero que se me viene a la mente es que parece que pasaron varios años (y no solo poco más de un año) desde que le escribí a Santiago para felicitarlo y mandarle tesis y libros digitales relacionados con el funcionamiento de una UIF y, lo segundo, es que la UIF cayó en el campo de lo político y Santiago necesita purificar la esencia de esa oficina. Por su bien y por el bien de todos.

*Salvador Mejía es licenciado en Derecho por la UNAM. Cuenta con estudios de especialización en México y Estados Unidos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Anticorrupción, Gobierno Corporativo así como en Inteligencia y Contrainteligencia

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