La atención a las poblaciones vulnerables y el combate a la corrupción han sido temas transversales en los primeros tres meses de actividades presidenciales; sin embargo, el sector energético acaparó buena parte de su agenda.

Combate al ‘huachicoleo’

El 27 de diciembre del 2018, el presidente López Obrador presentó el plan conjunto del gobierno para combatir el robo de hidrocarburos de Pemex, el cual calificó como “necesario y urgente por lo que implica en cuanto a fuga de dinero público”. El plan forma parte de la estrategia gubernamental para reforzar a la petrolera y sus finanzas, dijo.

El plan, en el que participan las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, lleva como resultado 7.8 millones de litros de gasolina y un millón de litros de gas LP asegurados, así como una disminución de 90% del robo de combustible, de acuerdo con el reporte gubernamental más reciente, publicado el 21 de febrero.

De acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, con la disminución de la ordeña de ductos, la empresa productiva del Estado ha logrado ahorrar hasta el momento 7,800 millones de pesos.

El funcionario proyecta que durante este año el monto se eleve a 48,000 mdp porque “el programa va a continuar”.

Además de este plan de protección a los hidrocarburos, el gobierno federal optó por limitar la participación de la inversión privada en los proyectos de exploración, lo que está generando preocupación en las agencias calificadoras sobre la capacidad pagadora de Pemex.

El 11 de diciembre, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) anunció la cancelación de las rondas petroleras 3.2 y 3.3 derivadas de la reforma energética, impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto, las cuales estaban programadas para el 14 de febrero.

“Lo que propone el presidente es que el gobierno federal invierta directamente en Pemex, pero eso detiene los mecanismos de inversión privada, en un sector que requiere forzosamente de ese recurso. Algo similar ocurre con la Comisión Federal de Electricidad al cancelar las subastas de adquisición de energía a largo plazo”, explica Barrios Beltrán.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) canceló en enero la cuarta Subasta de Largo Plazo para la compraventa de potencia, energía eléctrica acumulable y Certificados de Energías Limpias, otro mecanismo impulsado por la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) para atraer inversión privada para la Comisión Federal de Electricidad.

El castigo de las calificadoras

La agencia Standard & Poor’s (S&P) modificó la perspectiva de calificación de México de estable a negativa, debido a que las expectativas de crecimiento del Banco de México para el país pasaron a un rango de entre 1.1% y 2.1%, desde un estimado previo de 1.7% a 2.7% para este año.

Dos días después, la misma calificadora cambió a negativa desde estable la perspectiva de Pemex y la CFE. En ambos casos, la modificación obedece también a la reducción de la expectativa de crecimiento y por cambios a las políticas en materia de energía.

La rebaja de S&P llegó en línea con la decisión de Fitch Ratings a finales de enero de rebajar en dos escalones la calificación de la petrolera a ‘BBB-’, desde ‘BBB+’, dejándola apenas por encima del grado de especulación.

Pemex enfrenta una situación crítica, ya que de consolidarse una nueva rebaja en su calificación crediticia, su deuda de 105,800 millones de dólares (2.08 billones de pesos) puede crecer todavía más, pese a que ya es la petrolera más endeudada del mundo, explica Barrios.

El dilema de la inversión privada

Las opciones que tienen las dos empresas productivas del Estado para sanar sus niveles crediticios son dos: que el gobierno muestre capacidad para absorber las inversiones que requieren las compañías o abrirse nuevamente a la inversión privada, aunque esta última opción puede restarle puntos de aprobación a la administración de López Obrador.

Y es precisamente la segunda la que se ve más factible y la que esperan las agencias calificadoras, de acuerdo con los especialistas.

“Creo que restablecer la reforma energética sería un gran acierto, porque parte del flujo de inversión que podíamos captar y ayudar a que fuera positivo para Pemex podría venir de futuras licitaciones y por ende una entrada de dinero”, detalla Somoza.

Abrir las empresas propiedad del Estado a una posible inversión privada podría amenazar la aprobación de que actualmente goza el mandatario mexicano. Sin embargo, eso dependería directamente de los resultados económicos y sociales que puedan derivarse de dicha medida, expone el experto en política Salvador Mora, catedrático de la UNAM.

Esto podría costarle algunos puntos de aprobación entre quienes votaron por él, y aunque podría evitarle el desprestigio de desmoronar las finanzas de las energéticas nacionales, también pueden convertirse en un factor favorable para López Obrador, en caso de que la estrategia resultara “muy positiva”, dice el entrevistado.

“En cuestión de opinión pública podría advertir una recomposición positiva, pero para ello creo que tendría que reflejar un impacto que se evidencie directamente en el bolsillo y que se diga: ‘qué bueno que el presidente está tomando estas acciones’. No necesariamente se leería negativamente, aunque se antoja difícil ese escenario”, detalla el académico.