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Una fila de coches de más de un kilómetro para entrar a una gasolinera en Lerma le anticipa a Susana Blancas, habitante del municipio mexiquense, que no desayunará en casa con su esposo Salvador, como habitualmente lo hace. La necesidad de comprar gasolina orilló al matrimonio de 30 años a alterar su costumbre e intercambiarla por seis horas de espera en una estación de servicio para llenar el tanque de la camioneta pick-up con la que trasladan su bomba de concreto, de cuya renta depende el ingreso familiar.
“Llegamos a las seis de la mañana y regresamos a casa después del medio día”, relata Susana con resignación. Le desagrada pensar que, posiblemente, tenga que hacer fila nuevamente a la orilla de la carretera México-Toluca debido al desabasto de combustible que ha ocasionado la estrategia del gobierno federal contra la ordeña de ductos -también conocida como huachicoleo- desde el 27 de diciembre pasado.
Como Susana, miles de personas se han quejado de la escasez de gasolina que entorpece las actividades diarias y que genera caos en estaciones de la capital del país, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Puebla y Tamaulipas, algunas de las entidades donde se detectaron más tomas clandestinas entre enero y octubre de 2018. Sin embargo, el gobierno federal insiste en spots publicitarios que las “molestias” serán “temporales” y la disminución permanente del robo de combustible, que ha costado a Petróleos Mexicanos 147,200 millones de pesos (mdp) en los últimos tres años.
El plan contra el huachicoleo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 27 de diciembre del año pasado disminuyó el robo de gasolina y le ahorró a Pemex 3,000 mdp hasta el 11 de enero, según datos del gobierno. Algunos especialistas consideran que combatir a los huachicoleros puede beneficiar los números de Pemex.
“El impacto del desabasto de combustible en la economía de México y las cuentas fiscales será limitado a menos que esta situación se convierta en un problema prolongado que afecte de manera notoria la actividad económica”, comentó el 14 de enero Jaime Reusche, analista soberano de México en la calificadora Moody’s.
Nymia Almeida, analista de la petrolera mexicana en la misma institución estima que el impacto del combate al robo de combustible puede generar un aumento en los ingresos anuales de la petrolera por alrededor de 3,000 millones de dólares (mdd).
No obstante, tanto ella como a otros expertos temen que estos ahorros no sean suficientes y queden opacados por el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos, presentado por el gobierno mexicano el 15 de diciembre. Para los especialistas del sector, en el intento por lograr la autosuficiencia energética, el gobierno federal está en riesgo de generar gran daño a las finanzas de Pemex.
En 2017, las pérdidas integrales totales de Pemex fueron de 320,633 millones de pesos debido al incremento de 123,000 mdp en derechos e impuestos, además de los 5,390 mdp que perdió por tipo de cambio, lo cual pegó directamente a la deuda de la empresa en moneda estadounidense, según el reporte financiero del cuarto trimestre de ese año.
“López Obrador recibe a Pemex en una situación bastante crítica, porque la empresa está fuertemente endeudada y el valor de sus bonos ha colapsado. Actualmente es una empresa cuyo negocio más fuerte, que es la exploración y producción, se encuentra en grave riesgo por los estragos administrativos que ha vivido en los último años la compañía”, dice la doctora Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting.
Pero el plan energético de la nueva administración no está centrado en mejorar las finanzas de la empresa productiva del Estado, a pesar de que una de sus principales premisas propone “recuperar a Pemex”, sino en la búsqueda de bajar los precios de los combustibles, de acuerdo con el Proyecto de Nación 2018-2024 publicado por el equipo de López Obrador durante la campaña electoral.
“Es primordial recuperar la autosuficiencia energética como un principio de seguridad nacional, volviendo operables las refinerías de Pemex y, en su caso, evaluar la construcción de refinerías con capacidad de 300,000 barriles diarios”, señala el documento.
La inversión inicial para la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas en Tabasco será de 50,060 mdp, según el PEF 2019 y de acuerdo con lo que ha dicho el equipo de López Obrador, el costo total del desarrollo será de alrededor de 160,000 mdp. Durante la ceremonia que marcó el arranque de las obras del proyecto el pasado 9 de diciembre, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que el complejo tendrá una superficie de 566 hectáreas con una capacidad de procesamiento de 340,000 barriles diarios.
“Esos montos son altos con respecto al gasto público, pero para la industria petrolera son bajos. Los proyectos que se quieren implementar a través de Pemex son muy grandes, sin embargo en relación con los de otras compañías son pequeños”, dice Arturo Carranza, consultor de la firma Mercury.
El especialista duda si los recursos que tendrá la administración de López Obrador serán suficientes y si generará los resultados esperados.
En Brasil, la construcción de la refinería Abreu e Lima, con capacidad para producir más de 230,000 barriles diarios superó los 16,000 mdd de inversión, aunque el cálculo inicial era de poco más de 6,600 mdd, de acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo.
Las voces alrededor de la propuesta del nuevo gobierno apuntan al impacto que tendría la propuesta del gobierno de López Obrador sobre la salud de Pemex. Los expertos creen que la intención del proyecto es la apropiada, aunque sin garantía de entregar los resultados prometidos. El peor presagio, coinciden, es que el plan puede desangrar a la petrolera.
“Andrés Manuel está dispuesto a sacrificar los dólares que ingresan a la empresa por la exportación de crudo, para meterlos en pesos vía combustibles y eso sería una catástrofe para Pemex, aparte de la afectación a las finanzas públicas, con lo cual el gobierno no tendría dinero para implementar sus planes”, dice en entrevista Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC.
Nymia Almeida duda que el gobierno logre obtener los recursos necesarios para desarrollar el proyecto de autosuficiencia.
“No estamos seguros sobre el monto necesario para hacer las mejoras en las refinerías que existen. Suena a que el presupuesto no van a alcanzar para rehabilitar todo el sistema del sistema de refinación”, estima la analista.
“El petróleo se va a quedar en Tabasco, se va quedar en el país, porque vamos a construir una refinería en Dos Bocas. Nosotros ya no vamos a vender petróleo crudo”.
Ese fue el compromiso del presidente López Obrador durante un acto de campaña en Tabasco, en 2016. Era la tercera campaña en la que en ese entonces el aspirante presidencial prometía a sus simpatizantes construir infraestructura petrolera en su estado natal. También fue una de sus banderas de campaña en las elecciones de 2006 y 2012.
El 15 de diciembre presentó en Campeche el Plan Nacional de Hidrocarburos, con el que pretende lograr la autosuficiencia del México en materia de combustibles petrolíferos, como lo prometió durante su campaña presidencial. El desarrollo de este proyecto incluye la construcción del complejo en Dos Bocas y la rehabilitación del sistema de refinación del país que incluye otras seis refinerías.
En el ánimo de cumplir con sus promesas, la nueva administración federal está tomando decisiones que amenazan el ya delicado estado de salud financiera de Pemex y pone en riesgo su aporte a las finanzas públicas del país. Esto, debido a que un incremento en la inversión que se destinará a la refinación de hidrocarburos significa menos dinero para explorar pozos y extraer crudo, según indica el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.
“Pemex corre el riesgo de perder rentabilidad, con lo cual seguiría acumulando deuda y le generaría pérdidas. Además, están dejando proyectos de aguas profundas completamente de lado, ahí es donde está el desarrollo de Pemex en el mediano y largo plazo”, explica Monroy.
Durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, las inversiones físicas en Pemex se redujeron 55% al pasar de 253,465 mdp en 2013 a 113,025 mdp en 2017, de acuerdo con los reportes anuales entregados por la compañía a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.
En 2017, la refinación se desplomó a su peor nivel y los barriles de petrolíferos importados por día alcanzaron su punto más alto al menos desde 1990, el primer año del que el Sistema de Información Energética (SIE) da cuenta de estos rubros.
El sistema de refinerías de Pemex está compuesto por los complejos de Ciudad Madero, en Tamaulipas; Cadereyta, Nuevo León; Salamanca, Guanajuato; Tula, Hidalgo; Minatitlán, Veracruz; y Salina Cruz, Oaxaca.
El año pasado, solo Salamanca y Tula superaron el 60% de su producción potencial, mientras que Cadereyta, Salina Cruz, Minatitlán y Ciudad Madero produjeron menos de la mitad de su capacidad instalada, informó la Auditoría Superior de la Federación.
Aunado a la baja inversión en estos complejos, la poca productividad se explica también por paros de labores no programados que han detenido las operaciones de las refinerías, como el sismo magnitud 8.2 que sacudió el sur del país el 7 de septiembre de 2017 y afectó la producción de Salina Cruz -la de mayor capacidad instalada del país-, explica el estudio Factores que inciden en la industria de refinación en México del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En 2017, las refinerías mexicanas promediaron siete veces más paros no programados que el resto del mundo, con un registro de 31.9 contra la referencia internacional de 4.5, muestra el documento.
El proyecto de la nueva administración amenaza con deteriorar aún más los números de Pemex, que tiene una deuda financiera por 106,000 mdd según su reporte del tercer trimestre de 2018. El documento Flujo de Efectivo del paquete para Pemex del PEF 2019 contempla un endeudamiento neto de 112,800 mdp, de los cuales 108,450 mdp serían en moneda extranjera y 4,350 mdp en moneda nacional.
El negocio más redituable para la compañía es la exportación de petróleo crudo, concepto por el que el año pasado ingresaron a México 20,023 mdd, según el reporte anual enviado a la SEC. Que se le reste prioridad inquieta a las Instituciones Calificadoras de Valores (ICVs), encargadas de evaluar la calidad crediticia de una entidad o emisión.
“Si abandonas esa prioridad por mejorar la producción de gasolina y diesel, dejas de exportar y de tener ingresos petroleros en dólares. Podríamos llegar a una situación en la que no se exporte petróleo y por lo tanto no haya ingresos que son muy importantes para una empresa que debe muchos millones de dólares, lo cual además podría afectar las calificaciones de Pemex”, advierte Almeida.
Esta calificadora, junto con Standard & Poor’s y Fitch Ratings mantienen calificaciones regulares sobre Pemex, aunque sus perspectivas difieren.
En octubre, Fitch modificó la perspectiva de negocios de la petrolera mexicana de estable a negativa debido a la incertidumbre sobre las acciones del nuevo gobierno, mientras que las otras dos la mantienen estable, en línea con la perspectiva del país.
“El presupuesto de 2019 para Pemex incorpora un saldo financiero negativo para Pemex de aproximadamente 65,000 mdp y un aumento neto de aproximadamente 113,000mdp en deuda. Esto dará como resultado que las métricas financieras de la compañía continúen debilitándose”, pronosticó Fitch tras la publicación del PEF el 15 de diciembre.
Una rebaja en las calificaciones de una empresa se puede traducir en el encarecimiento de deuda y la posible pérdida de inversionistas, que tras el incremento de riesgo opten por vender sus bonos.
Otra propuesta del gobierno de López Obrador que preocupa a las calificadoras es la centralización de la estructura operativa de Pemex, que revertiría la división de las líneas de negocio que se crearon tras la reforma energética que impulsó Peña Nieto en 2013.
“Hemos tenido mayor transparencia desde 2015 con respecto a los negocios de la empresa y de ahí sacamos algunas cifras. Todo es gracias a la división de las líneas de negocio con detalles operativos y financieros. Eso es muy importante para medir el riesgo financiero y de crédito a la empresa”, dice Almeida.
Una iniciativa lanzada el 9 de enero por el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propone establecer un marco jurídico que garantice “al Ejecutivo federal, a través del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, operar de manera integral al ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación”. La iniciativa propone otorgar al director de la compañía las atribuciones para conducir a la empresa conforme a lo que instruya el presidente del país.
CONFORMACIÓN ACTUAL DE PEMEX
(DIVIDIDA POR LÍNEAS DE NEGOCIO)
Fuente: PEMEX
La implementación del proyecto que propone Andrés Manuel López Obrador sugiere que los ingresos tributarios de México podrían estar en predicamentos, tomando en cuenta que el aporte derivado del sector petrolero representa un porcentaje de doble dígito sobre el total de la recaudación que reporta el gobierno mexicano.
Entre enero y octubre del año pasado llegaron 797,588 mdp a las arcas públicas de México por concepto de ingresos petroleros, de los cuales 345,187 mdp corrieron por cuenta de Pemex, es decir, el 43.2% según el reporte de las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
“En los últimos años, la estrategia ha estado enfocada en la producción de petróleo porque eso representa ingresos fiscales para el gobierno. Es más conveniente cobrar más impuestos”, dice Monroy, de la consultora GMEC.
Para Grunstein, es necesario saber la estrategia se financiará incrementando la deuda de Pemex o del país, pues “el impacto que esto va a tener en las arcas públicas es la capacidad de generar ingresos fiscales para la nación”.