30 de septiembre 2021 | 5:00 am

Semanas después de que el gobierno federal publicó el Paquete Económico 2022, el sector privado empezó a fijar su postura respecto a los cambios propuestos en la Miscelánea Fiscal e instaron a los Diputados a ser escuchados antes de que sean aprobados.

La implementación del régimen fiscal simplificado de confianza y la tasa cero de IVA a productos de gestión menstrual son bien vistos, pero los cambios al Código Fiscal de la Federación generan preocupación al interior de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Lo importante es que el régimen de confianza no termine como el RIF (Régimen de Incorporación Fiscal) que no terminó de madurar. No es una solución integral contra la informalidad, pero puede ayudar,

dijo en entrevista el catedrático de la UNAM, Juvenal Lobato

Mientras que la International Chamber of Commerce México (ICC México) pidió a los Diputados analizar el paquete de reformas a deducciones de impuestos porque aseguran que atenta contra la justicia tributaria.

“Las propuestas enviadas por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados son excesivas e incrementan el clima de escasa certeza jurídica para la inversión extranjera directa y cada día saldrá más caro para los contribuyentes cautivos cumplir con las tributaciones”, señaló la ICC México. 

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Preocupa abuso en el control de fiscalización

Tanto la Coparmex como la ICC México externaron su preocupación en la propuesta del Código Fiscal de la Federación en el que las autoridades fiscales podrán determinar, en el ejercicio de sus facultades de comprobación, la simulación de actos jurídicos entre partes relacionadas, basándose incluso en elementos de presunción.

La ICC dijo que el tema parece grave, considerando el exceso de presunciones que cada año se acumulan a favor de las autoridades fiscales y en detrimento de los contribuyentes.

Reformas a 200 artículos del CFF

La Coparmex destaca las reformas en 200 artículos del Código Fiscal de la Federación (CFF), las cuales por sus “implicaciones resultan preocupantes”. Estas reformas se basan en la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA), la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y de la Ley Federal sobre Automóviles Nuevos.

Sobre el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) —en la que se propone que se registren los mayores de edad a pesar de no tener ingresos— la cúpula empresarial considera que la medida busca un mayor control por parte de las autoridades, pues el principal objetivo del registro es el pago de impuestos. 

Además, respecto a los cambios propuestos en el traslado de mercancías, la Coparmex señaló que la “idea de considerar como ‘contrabando’ el transporte de bienes o mercancías sin el CFDI de tipo ingreso o traslado, con el Complemento Carta Porte respectivo, consideramos que es una medida excesiva”.

Una de las dudas externadas sobre el régimen de confianza radica en la tasa que se propone aplicar a las personas morales que no establece parámetros o montos de ingreso de manera progresiva.

Reconocemos que se establezca un régimen de beneficio (tasa cero) en materia de IVA en la adquisición de productos de gestión menstrual, así como que no se propongan aumentos en las tasas del IEPS,

dijo la Coparmex

Injusticia tributaria

La ICC México dijo que no son buena noticia las más de 70 propuestas de reforma, pues no sólo establecerán mayores cargas, sino limitarán deducciones a los contribuyentes cautivos y atentarían contra la justicia tributaria.

Para detallar las preocupaciones, la ICC México señaló diversos temas e instaron a los legisladores que se evalúen las modificaciones.

Por ejemplo destaca el monto de impuestos sobre la renta pagados en el extranjero da como resultado que no puedan recuperarse los impuestos pagados en otro país, es decir, da lugar a la doble tributación.

También señaló que existen mayores requisitos para reestructuraciones corporativas y para llevar a cabo fusiones y escisiones de sociedades sin implicaciones fiscales.

Este tema es delicado, pues introduce un ingrediente de inseguridad jurídica en la reagrupación de empresas, teniendo en cuenta –adicionalmente- los tiempos que está tomando el SAT para recibir avisos, otorgar citas o emitir autorizaciones,

indicó la ICC México

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