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Reportero de Negocios
Si algo es la norma durante las conferencias matutinas es que el foco de atención se centra en un solo hombre: el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero la mañana del 10 de febrero fue diferente. La vista de los asistentes y las cámaras se dirigieron a un punto específico. No era el jefe del ejecutivo, ni un integrante de su gabinete o un empresario, se trataba de un cheque emitido por el banco BBVA por 2,000 millones de pesos (mdp).
El documento fue entregado por el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, y se depositó al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Los recursos fueron obtenidos de un caso de combate a la corrupción iniciado a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Los 2,000 mdp bajo la firma del banco más grande en México en términos de infraestructura, clientes y facturación fue por primera vez el protagonista de una conferencia presidencial.
El que había sido la institución financiera predilecta durante el gobierno de Enrique Peña Nieto volvía a los reflectores de la mano del nuevo gobierno a más de un año de su inicio.
Eduardo Osuna Osuna es quien está al frente de BBVA México, la joya de la corona de la empresa con sede en España. No por nada el país pesa casi la mitad de las utilidades de la compañía.
La responsabilidad del encargo lo ha diferenciado del resto de los banqueros, al operar más bien un perfil de diplomático. Esta cualidad se forjó mucho antes de ser nombrado vicepresidente y director general de BBVA en 2015, pues su historia con el banco ibérico se remonta a 1994, cuando entró a laborar en la división de banca corporativa.
“Sin duda, BBVA es el banco con la presencia más amplia en México, no sólo en el tema de infraestructura, también en la implementación de la tecnología en sus servicios, los cuales van muy por encima de las otras instituciones”, dice Alberto Saavedra, socio del área bancaria del despacho Santamarina y Steta.
El adjetivo de ‘diplomático’ se ha puesto a prueba más de una vez desde la llegada del gobierno de la cuarta transformación a Palacio Nacional.
El primer desaire llegó en los primeros 10 días de López Obrador como presidente, cuando se ignoró a BBVA como uno de los bancos elegidos para dispersar los recursos de sus principales programas sociales: la pensión universal para adultos mayores, becas para estudiantes y becas a personas con discapacidad.
El mandatario apenas y tomó en cuenta la vasta infraestructura que la institución tiene desplegada por todo el territorio nacional.
Al cierre de 2019, sumaba 1,859 sucursales bancarias distribuidas en todo el territorio nacional y 13,170 cajeros automáticos. El número de contratos de tarjetas de débito y crédito juntaban más 39.4 millones, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En su lugar fueron Banorte y Banco Azteca las principales elegidas, por asignación directa, para encargarse de esta tarea.
Según lo dicho por el propio López Obrador, ambos bancos fueron seleccionados debido a que la banca del gobierno cuenta con una mínima infraestructura para repartirlos.
“Aunque la asignación directa está totalmente respaldada por la ley, la decisión hace levantar sospechas dentro de la sociedad por ser uno de los puntos que más criticó el presidente de administraciones anteriores. Te puedo decir que BBVA no le supuso un golpe importante el no ser considerado”, comentó a EL CEO una fuente con conocimiento del tema.
Sin embargo, la decisión no fue suficiente para alejar a Osuna. En una reunión que sostuvo con el presidente a mediados de 2019, acompañado de Jaime Serra Puche, presidente del Consejo de Administración, y Carlos Torres, presidente del grupo español BBVA, se anunció una inversión de 63,000 millones de pesos en infraestructura a lo largo de todo el sexenio.
“Porque somos y seguiremos siendo el banco del futuro en el país y el principal aliado financiero de México. BBVA es una empresa global con la firme convicción de ser un protagonista fundamental en el desarrollo de México”, dijo Osuna en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales 2019.
A pesar de esto, Osuna tiene una estrategia de ataque por los flancos al gobierno federal, a través de su área de análisis: BBVA Research.
La información emitida por esta división fue de las primeras en alzar la voz en contra de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, después de los resultados de la consulta popular para conocer su destino.
En un reporte fechado el 30 de octubre de 2018 titulado: ’Consulta NAIM y resultado: un daño auto infligido e innecesario’, el grupo financiero enumeraba las implicaciones de la decisión del entonces presidente electo.
“Tanto los mercados como los inversores nacionales e internacionales estaban concediendo al nuevo gobierno el beneficio de la duda. Pero esto parece estar cambiando en las últimas semanas”, decía el informe.
Además, pronosticaba un tipo de cambio superior a los 20 pesos por dólar, una tasa de interés entre 8 y 8.25% e incertidumbre entre los inversionistas.
En su análisis sobre el paquete económico para este año, mencionaba que éste enfrentaba dos riesgos principales, un menor crecimiento económico por factores globales y domésticos, así como una menor producción petrolera a la prevista originalmente.
“Por ello sería deseable que, una vez que se cuente con las cifras de crecimiento económico del primer trimestre de 2020, se hicieran ajustes para el cumplimiento de las metas fiscales en caso de ser necesario”.
Además, añadía que los esfuerzos planteados en el documento para el combate a la evasión, fraude y elusión fiscal, resultaban “inciertos” para una contribución a los ingresos del país. Por último, urgió al gobierno una reforma fiscal integral lo antes posible.
“El banco no puede ser exitoso en medio de una situación económica local inestable o con una sociedad que no prospera, es por esto que las instituciones tienen que mandar información fundada y estudiada acerca de la situación en la que se encuentra. A veces puede sonar feo, pero es la situación real”, dijo Alberto Saavedra.
El banco comandado por Osuna también da signos de mover sus piezas dentro del gobierno de López Obrador.
Uno de los primeros fue la suma de Carlos Salazar Lomelín al Consejo de Administración global de Grupo BBVA. Ahora, el que también funge como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) es uno de los vínculos del banco con el presidente de México.
Durante más de un año, Salazar se ha convertido en un puente entre los intereses del sector privado mexicano y las diferentes iniciativas de ley planteadas por López Obrador y la bancada del partido político dominante: Morena.
Otro personaje importante dentro de la firma española es Jaime Serra Puche, quien sustituyó desde septiembre de 2018 a Luis Robles Miaja como el presidente del Consejo de Administración.
Serra Puche se desempeñó durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari como titular de Comercio y Fomento Industrial y como el principal negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Eduardo Osuna dijo que la llegada de Serra Puche a su nueva posición permitirá a BBVA Bancomer seguir “impulsando el desarrollo del país y el fortalecimiento de la economía”, según el comunicado.
“BBVA Bancomer seguirá impulsando el fomento económico y social del país, atendiendo la demanda sana de crédito para gobiernos, empresas y personas, liderando el desarrollo de la banca digital”, de acuerdo al comunicado de BBVA.
El consejo de administración de BBVA en México está conformado por alguno de los empresarios más reconocidos, pero también por quienes han sido los más críticos de Andrés Manuel López Obrador, incluso desde antes de que llegara a la presidencia.
De acuerdo con documentos públicos del banco, Alberto Baillères, presidente de Grupo BAL, y Carlos Salazar, exdirector ejecutivo de Femsa, son consejeros propietarios de BBVA.
Otros nombres que ocupan puestos como consejeros suplentes son Armando Garza Sada, presidente del Consejo de Administración de Grupo Alfa; Fernando Chico Pardo, presidente y director general de Promecap; Eduardo Garza Fernández, que se desempeña como presidente del Consejo de Grupo Frisa; y Alejandro Ramírez Magaña, director general de Cinépolis y expresidente del Consejo Mexicana de Negocios.
Durante la campaña presidencial, López Obrador afirmó que Baillères y Ramírez formaban parte del grupo de empresarios que se reunían para apoyar al entonces candidato por el Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, con el propósito de debilitar al tabasqueño.
“Es cierto, hay un grupo de empresarios (…) Tengo los nombres, son mineros: Baillères, Larrea, Tricio, Ramírez, Claudio X. Diego (Fernández de Cevallos), Vicente (Fox), ellos se están reuniendo”, dijo López Obrador en un mitin en Zangolica Veracruz.
Como respuesta, el Consejo Mexicano de Negocios lanzó en su defensa. “Condenamos que un candidato a la presidencia de la República recurra a ataques personales y descalificaciones infundadas”, publicó el organismo en un desplegado titulado “Así No”.
Sin embargo, al paso de los meses, la relación ha mejorado entre ambas partes, al transitar de la crítica abierta a la conciliación y discusión de los puntos de desacuerdo. La gran pregunta es, ¿cuánto durará?
Ángel Alcantara
Diseño: Cristian Laris