15 de noviembre 2021 | 5:00 am

Si bien el futuro de Radiópolis es incierto, no será raro ver hacia adelante a algunos postores interesados en adquirir la parte del negocio que ahora posee Grupo Coral de la familia Alemán, una vez que llegue a un acuerdo con Crédito Real. 

La incertidumbre del destino que tendrá el grupo radiofónico se agudizó cuando el empresario Carlos Cabal Peniche –para evitar ir a prisión- entregó las acciones de Radiópolis que tenía en su poder a la financiera Crédito Real. 

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Este escenario abrió la puerta a que la participación de 50% que ostenta Grupo Coral, una vez que llegue a un acuerdo con Crédito Real, sea puesta a disposición de algún interesado, dijo a EL CEO una fuente de la industria de la radio que pidió el anonimato.

En julio de 2019, la familia Alemán pactó con Televisa la compra del 50% de Radiópolis y un año después sumó a Cabal Peniche, a través de Nuncio Accipiens, para venderle el equivalente al 45% de las acciones del grupo, las cuales finalmente fueron entregadas a Crédito Real.

IFT, con rol relevante

La fuente consultada estima que la entrega accionaria a Crédito Real se está dirimiendo en tribunales, un asunto del que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tendría que ser parte activa, además de las negociaciones que tendrá que haber entre las partes involucradas en Radiópolis. 

En ese sentido señala que la ley establece que la autoridad judicial “no va a poder hacer nada” respecto a una concesión de radiodifusión o a las concesiones otorgadas a Radiópolis sin tomar en cuenta al Instituto. 

Aunque el IFT no se ha pronunciado públicamente al respecto, sí podría tener un rol activo para las autoridades judiciales, de haber sido requerido para delinear los pasos a seguir para conformar la sucesión

Pero, en caso de que no fuera así -porque aún no hay una postura pública del IFT al respecto-, una vez concluidos los juicios y que se establezca cómo quedará la composición accionaria, se debe someter a la autorización del IFT.

Esto, debido a que no se puede dar por válido ningún aval de la industria que no pase por los ojos del regulador.

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