Separación funcional, ¿rezago regulatorio y freno a inversión? Esto opinan los analistas

24 de septiembre 2019 | 5:00 am

Falta menos de una semana para que se cumpla el plazo en el que Telmex y Telnor deben entregar los planes para avanzar hacia la separación funcional ordenada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en la primera revisión bienal de preponderancia, una obligación que algunos analistas ven como un rezago regulatorio y freno a la inversión en telecomunicaciones.

La separación funcional es una decisión regulatoria que debería ponderarse en cuanto al beneficio social que representa, y si aporta o no la inversión necesaria para garantizar el acceso universal, comentó Ramiro Tovar Landa, consultor en Regulación Económica y Política de Competencia.

En el marco del Foro ‘Telecomunicaciones para el Desarrollo Nacional’, el analista comentó que esta medida “erosiona e inhibe la inversión en toda la industria de telecomunicaciones”, en un momento en donde la inversión en redes, desarrollo tecnológico y adopción del cambio no están siendo el objetivo principal.

Para Tovar Landa, aunque no debe ignorarse lo que debe ser una regulación: un subconjunto de políticas públicas con beneficio social para el país ante el cambio tecnológico, existe un rezago regulatorio en México, pues la velocidad de los cambios están superando el establecimiento de nuevas políticas públicas.

En la apertura del Foro realizado en la Cámara de Diputados, Francisco Hernández Juárez, líder del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, comentó que si bien con un nuevo gobierno hay oportunidades de cambio, sin la participación social existe un riesgo de que éstos no ocurran.

En opinión del líder sindical, primero debe definirse una política de Estado, a fin de que el proyecto de desarrollo de telecomunicaciones incluya competencia, conectividad, inversiones y cobertura.

Solo así podemos impulsar las telecom, lo que permitiría al IFT desechar la política neoliberal que nos permita encontrar una salida al problema que estamos enfrentando

dijo Hernández Juárez durante su participación. 

En menos de una semana, Telmex debe de entregar al IFT la lista de 28,000 trabajadores que migrarían a las nuevas empresas de servicios mayoristas: Telmex Última Milla (UMT) y Telnor Última Milla (UMNOR). Sin embargo, aún están a la espera de que el órgano regulador y la empresa se sienten a negociar con ellos, en un escenario en donde el gobierno funja como mediador.

A seis días de que se cumpla el plazo, los telefonistas están a la espera de que les den fecha para realizar la mesa de diálogo entre el sindicato, Telmex y el IFT, en donde medie Segob, SCT y la Secretaría del Trabajo.

Impacto por la separación funcional

El IFT estableció el 30 de septiembre para que Telmex – Telnor entreguen los planes de personal, transferencia de recursos y elementos de red e infraestructura para avanzar en la separación funcional, así como la conclusión de la transferencia el 31 de enero del próximo año.

Sin embargo, de no haber cambios en el mandato del regulador, el sindicato tiene fechado en el calendario el 23 de enero de 2020 el emplazamiento a huelga por violaciones a contrato. Y en ese sentido, Hernández Juárez aseguró que “ninguna sentencia podrá ser aplicada si los telefonistas están en huelga”.

Los números de Telmex:

Al respecto, Agustín Vanegas, comisionado nacional del sindicato de telefonistas, señaló que la regulación no debe de ser nociva para las empresas ni para los trabajadores, sino que debe promover la competencia efectiva en donde se beneficie al sector.

Por su parte, Jorge Fernando Negrete, presidente de Digital, Policy & Law, advirtió que “si se destruyen pedazos de esa infraestructura, se estarían violando los derechos fundamentales de los mexicanos”.

En ese tenor, el analista añadió que esa misma afectación se da también si no se generan políticas públicas en materia de telecomunicaciones ni una hoja de ruta en materia de salud, educación y otras, pues todo ello está relacionado con una acción regulatoria que genera un impacto negativo.

Al cierre del foro, Jorge Bravo, director general de Digital, Policy & Law, concluyó que el gobierno ya no es solo un aparato, sino una plataforma que debe generar ahora muchos beneficios sociales; ahora pues, si su objetivo es conectar y llevar servicios a los desconectados, solo será posible con infraestructura.