Los otros datos de la Auditoría Superior de la Federación

Durante el fin de semana pasado las benditas redes sociales ardieron debido al informe de la Cuenta Pública 2019, presentado por la Auditoría Superior de la Federación. Este informe incluye, o incluía, muchos rubros, pero la atención se centró en los más relevantes como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y en los programas sociales estrella, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Pero hay muchos más, como Segalmex, así como observaciones a ciertas áreas estratégicas en materia de combate a la delincuencia organizada.

En estos casos, la ASF señaló, palabras más, palabras menos, que hay un alto riesgo de que esos proyectos terminen por no ser rentables o que existe un desorden tal que el dinero asignado y dispersado no logrará cumplir con la finalidad de los programas sociales.  

Claro que también esperábamos con ansia la ‘mañanera’ del lunes para ver qué decía el presidente y no nos decepcionó. “Exageran”, “Están mal sus datos” y por supuesto que nos volvimos a dar vuelo criticando, pero ayer, en un comunicado liberado absurdamente después de las diez de la noche, la ASF “reconoció” que existen inconsistencias en la metodología que utilizó para determinar el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco; es decir, que no se perdió tanto dinero con la cancelación.

Adiós al supuesto sobrecosto de 331,996 millones de pesos y adiós a los argumentos de la oposición, pero no adiós a las observaciones. Este show nos deja tres escenarios:

 1. El auditor, David Colmenares, no va a renunciar, ya que la “independencia” de su posición le garantiza la estabilidad en el puesto pero no imposibilita el que la Cámara de Diputados lo remueva por las causas graves contenidas en el artículo 92 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Simpáticamente una causa justificada sería el dejar, sin causa justificada, de fincar indemnizaciones o aplicar sanciones pecuniarias o, simpáticamente, por aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y debido a esto, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones.

Claro que este blindaje no es extensivo para el staff que dirigió y ejecutó la auditoría. El daño a la credibilidad e independencia de la ASF sufrió un golpe severo con ese comunicado firmado por no por el Auditor sino por un subalterno, lo cual me recuerda cuando el exsecretario, Javier Jimenez Espriú, no quiso firmar la cancelación del aeropuerto de Texcoco, dejando a un funcionario de tercer nivel la obligación firmar y tal vez algún día enfrentar las consecuencias legales.

2. El informe de la Cuenta Pública 2019 quedará sujeto a su trámite legal, es decir, que las autoridades auditadas podrán ofrecer información para desvirtuar las inconsistencias detectadas. Es decir, hay que tener perfectamente claro que los hallazgos no desaparecieron, por ejemplo:

– La ASF concluyó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles corre el riesgo de no ser rentable, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional no realizó las estimaciones suficientes que permitieran determinar la viabilidad del proyecto (yo no pierdo la esperanza de que algún día muestren la evidencia de que el aeropuerto de Texcoco estaba plagado de corrupción).

– El Tren Maya corre el riesgo de no ser rentable, ya que no fue consultado indebidamente a la población indígena, que los contratos de adjudicación son poco transparentes y que se debe aclarar el destino de 156 millones de pesos.  

– Dos Bocas corre el riesgo de no ser rentable, ya que las obras iniciaron sin tener los permisos ambientales necesarios, hay un riesgo de inundación y también hay 75 millones de pesos por comprobar. 

– Los programas sociales presentan numerosas irregularidades. ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’  las presenta en el gasto de más de 126 millones de pesos y el de ‘Becas para el Bienestar Benito Juárez’ las hay por casi 264 millones de pesos.

Lo dicho, no hay que olvidar que sobre la mesa sigue estando la posibilidad de que exista un daño patrimonial a cargo de funcionarios de esta administración y la ASF tiene la obligación de promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

3. Para evitar otro mal rato, el presidente necesita ganar la elección intermedia y conservar la mayoría en la Cámara de Diputados.

El presidente vive en una burbuja de seguridad que le otorga una inmunidad que a ratos raya en la impunidad y que le permite decir que el “tiene otros datos”, cuando el periodismo o lo poco que queda de la oposición exhibe los errores o incongruencias de no pocos de sus proyectos emblemáticos o incluso de actos de corrupción.

Parte del discurso oficial nos dice que al presidente lo cuida el pueblo, pero lo que no nos dice es que en realidad al presidente lo que lo protege es esa abrumadora mayoría que logró conseguir en el poder legislativo gracias a la corrupción y a la violencia que caracterizaron, por lo menos, a los tres sexenios anteriores. Gracias a ese poder, el presidente logró desmantelar secretarías de Estado, cancelar programas sociales y proyectos para sustituirlos con otros que, aunque lleven su firma, o no funcionan, o no se apegan a la ley, o no son rentables, o de plano rozan peligrosamente en la ilegalidad.

Esperemos a ver cómo se desarrolla este asunto sin olvidar que la ASF, como integrante del Sistema Nacional de Anticorrupción, tiene una función trascendental y que esta no es la primera ni será última vez que una auditoría incomode al poder, por citar un posible caso a futuro, la ASF deberá revisar la actuación del gobierno federal durante la pandemia por COVID-19.

Una cosa es el discurso anticorrupción y otra el combate a la corrupción.