17 de febrero 2023 | 8:46 am
Anne Milgram, la Administradora de la Administración Federal Antidrogas (DEA), compareció ante el Senado de los Estados Unidos para lanzar la acusación más agresiva que recuerdo a cargo de esta oficina no solo contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por ser “responsables de impulsar la epidemia de intoxicación por drogas en los Estados Unidos”, sino también contra el gobierno de México porque, a su leal saber y entender, no existe la cooperación suficiente para lograr decomisos de fentanilo (la pesadilla que están viviendo en Estados Unidos por ser 50 veces más potente que la morfina y mucho más barata que otras drogas), la destrucción de laboratorios clandestinos y la detención de capos con su extradición de rigor, pero ojo, también fue mencionado por nombre y apellido al presidente de México por el senador demócrata Bob Menéndez.
Aunque las acusaciones y los señalamientos van y vienen, lo que me preocupa de la comparecencia de Milgram es que se están sumando argumentos que, en un futuro no muy lejano como el de una campaña presidencial, validarían que los cárteles mexicanos sean equiparados a grupos terroristas; prueba de ello es que Milgram lanzó al ruedo una petición para que nuestro gobierno repita la estrategia de designar a ambos cárteles como de “mayor prioridad” tal y como ocurrió en 2012 contra Los Zetas, un cártel que en su momento fue vinculado a Hezbollah.
A esto habría que sumarle las peticiones de legisladores norteamericanos pero también la carta firmada en febrero de 2023 por el Fiscal General de Virginia, Jason Miyares, y otros 21 fiscales estatales solicitándole al presidente Joe Biden designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y liberar recursos para confrontar la crisis de los opioides.
Aunque lo he dicho en numerosas ocasiones, resulta necesario reiterar que si derivado de esto se crea un programa específico en la Oficina de Control de Activos Extranjeros para nuestros cárteles (si, nuestros carteles), esto impactaría profundamente en el nivel de riesgo país para México.
Sin embargo, falta algo de contexto:
1. En el sexenio de Felipe Calderón la DEA tuvo un acceso tal a la entonces Procuraduría General de la República, que no era difícil el encontrar a agentes norteamericanos con escritorios asignados en la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SIEDO); sin embargo los resultados de esa política de puertas abiertas no impidió el inicio del baño de sangre que seguimos viviendo con Andrés Manuel López Obrador.
2. En 2020 Andrés Manuel López Obrador limitó la presencia de agentes de la DEA y cerró la Unidad de Investigaciones Especiales que venía trabajando en conjunto con la DEA desde 1997 pero que, según el presidente, ahí se fabricaban delitos y estaban infiltrados por la delincuencia, en esa Unidad, no en la DEA.
3. La cooperación entre la DEA en México se fue a pique cuando en 2020 fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, en medio de un caos reputacional para la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al verse obligados a liberarlo.
4. En marzo de 2022 la DEA despidió a su director en México, Nicholas Palmeri, por tener vínculos con abogados que defienden a narcotraficantes y, conforme a investigaciones de la Associated Press y de The Washington Post por “uso de fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados”.
Dicho en otras palabras, la relación entre la DEA y el gobierno de México difícilmente ha dado los resultados deseados sin importar si hay una política de entreguismo o de “al carajo las instituciones”.
Ahora bien, como están de moda algo llamado “Plan B” aquí va uno para la DEA:
Si lo que en realidad se busca es el detener el tráfico ilegal de fentanilo a los Estados Unidos, no es necesario que se agreguen más recursos económicos de los ya asignados al “Marco Bicentenario México-Estados Unidos para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras” que sustituyó a la Iniciativa Mérida, cómo tampoco es necesario tener desplegados los cientos de agentes de la DEA en México como tampoco lo es el bombardearlos como lo sugirió en su momento el expresidente Donald Trump.
Lo que se debe de hacer, es regresar a los libros de texto del combate a los crímenes financieros: es necesario golpearlos en sus finanzas.
La DEA, en conjunto con el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro, junto con sus oficinas auxiliares la Red de Control de Delitos Financieros y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, podría sentar a los líderes de los bancos encargados de prevenir los crímenes financieros para crear una suerte de Task Force, que es algo tan del agrado de los norteamericanos, para recopilar información de todas aquellas personas y empresas que las áreas de inteligencia de los Estados Unidos hayan vinculado de una u otra forma a los carteles.
Por supuesto que este proceso si bien ya se conduce dentro del sistema financiero, no ha generado resultados tangibles y todos sabemos que el dinero de los cárteles no se está pudriendo en bodegas sino que se encuentra inserto en los bancos y en el sistema económico mexicano y estadounidense. Efectivamente estaríamos hablando de un mea culpa por parte de los bancos pero, en su descargo, debemos señalar que estas áreas se encuentran las ocupadas 24/7 dando cumplimiento al Regulatory Compliance, por lo que difícilmente pueden conducir investigaciones más profundas buscando aclarar si las alertas generadas por sus sistemas automatizados corresponden auténticamente a personas y empresas vinculadas, o no, con la delincuencia organizada.
De esta forma la DEA podría comenzar a integrar sólidas investigaciones respecto de la ruta del dinero con el que los carteles compran los precursores químicos, corrompen autoridades mexicanas y norteamericanas, compran armamento en Estados Unidos, investigaciones que permitan saber como se lava el dinero que obtienen tras vender el fentanilo y como es que esos dólares les son devueltos a los capos. Esa labor de inteligencia su vez podría permitirle a las autoridades norteamericanas atacar las finanzas, no sólo de los capos, sino de las organizaciones delictivas impidiéndoles, o por lo menos complicándoles, que sigan introduciendo fentanilo a su país.
Por supuesto que esto tendría un costo económico elevado, pero claramente escuché a Anne Milgram decir que el tráfico de fentanilo es la amenaza más mortal que los Estados Unidos ha enfrentado
¿Bombardear a los carteles? Si pero desde adentro.
Un plan B para la DEA
Salvador Mejía
smejia@asimetrics.net
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17 de febrero 2023 | 8:46 am
Anne Milgram, la Administradora de la Administración Federal Antidrogas (DEA), compareció ante el Senado de los Estados Unidos para lanzar la acusación más agresiva que recuerdo a cargo de esta oficina no solo contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por ser “responsables de impulsar la epidemia de intoxicación por drogas en los Estados Unidos”, sino también contra el gobierno de México porque, a su leal saber y entender, no existe la cooperación suficiente para lograr decomisos de fentanilo (la pesadilla que están viviendo en Estados Unidos por ser 50 veces más potente que la morfina y mucho más barata que otras drogas), la destrucción de laboratorios clandestinos y la detención de capos con su extradición de rigor, pero ojo, también fue mencionado por nombre y apellido al presidente de México por el senador demócrata Bob Menéndez.
Aunque las acusaciones y los señalamientos van y vienen, lo que me preocupa de la comparecencia de Milgram es que se están sumando argumentos que, en un futuro no muy lejano como el de una campaña presidencial, validarían que los cárteles mexicanos sean equiparados a grupos terroristas; prueba de ello es que Milgram lanzó al ruedo una petición para que nuestro gobierno repita la estrategia de designar a ambos cárteles como de “mayor prioridad” tal y como ocurrió en 2012 contra Los Zetas, un cártel que en su momento fue vinculado a Hezbollah.
A esto habría que sumarle las peticiones de legisladores norteamericanos pero también la carta firmada en febrero de 2023 por el Fiscal General de Virginia, Jason Miyares, y otros 21 fiscales estatales solicitándole al presidente Joe Biden designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras y liberar recursos para confrontar la crisis de los opioides.
Aunque lo he dicho en numerosas ocasiones, resulta necesario reiterar que si derivado de esto se crea un programa específico en la Oficina de Control de Activos Extranjeros para nuestros cárteles (si, nuestros carteles), esto impactaría profundamente en el nivel de riesgo país para México.
Sin embargo, falta algo de contexto:
1. En el sexenio de Felipe Calderón la DEA tuvo un acceso tal a la entonces Procuraduría General de la República, que no era difícil el encontrar a agentes norteamericanos con escritorios asignados en la Subprocuraduría de Investigaciones en Delincuencia Organizada (SIEDO); sin embargo los resultados de esa política de puertas abiertas no impidió el inicio del baño de sangre que seguimos viviendo con Andrés Manuel López Obrador.
2. En 2020 Andrés Manuel López Obrador limitó la presencia de agentes de la DEA y cerró la Unidad de Investigaciones Especiales que venía trabajando en conjunto con la DEA desde 1997 pero que, según el presidente, ahí se fabricaban delitos y estaban infiltrados por la delincuencia, en esa Unidad, no en la DEA.
3. La cooperación entre la DEA en México se fue a pique cuando en 2020 fue detenido en Los Ángeles el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos, en medio de un caos reputacional para la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos al verse obligados a liberarlo.
4. En marzo de 2022 la DEA despidió a su director en México, Nicholas Palmeri, por tener vínculos con abogados que defienden a narcotraficantes y, conforme a investigaciones de la Associated Press y de The Washington Post por “uso de fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados”.
Dicho en otras palabras, la relación entre la DEA y el gobierno de México difícilmente ha dado los resultados deseados sin importar si hay una política de entreguismo o de “al carajo las instituciones”.
Ahora bien, como están de moda algo llamado “Plan B” aquí va uno para la DEA:
Si lo que en realidad se busca es el detener el tráfico ilegal de fentanilo a los Estados Unidos, no es necesario que se agreguen más recursos económicos de los ya asignados al “Marco Bicentenario México-Estados Unidos para la seguridad, la salud pública y las comunidades seguras” que sustituyó a la Iniciativa Mérida, cómo tampoco es necesario tener desplegados los cientos de agentes de la DEA en México como tampoco lo es el bombardearlos como lo sugirió en su momento el expresidente Donald Trump.
Lo que se debe de hacer, es regresar a los libros de texto del combate a los crímenes financieros: es necesario golpearlos en sus finanzas.
La DEA, en conjunto con el Departamento de Justicia, el Buró Federal de Investigaciones, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro, junto con sus oficinas auxiliares la Red de Control de Delitos Financieros y la Oficina de Control de Activos Extranjeros, podría sentar a los líderes de los bancos encargados de prevenir los crímenes financieros para crear una suerte de Task Force, que es algo tan del agrado de los norteamericanos, para recopilar información de todas aquellas personas y empresas que las áreas de inteligencia de los Estados Unidos hayan vinculado de una u otra forma a los carteles.
Por supuesto que este proceso si bien ya se conduce dentro del sistema financiero, no ha generado resultados tangibles y todos sabemos que el dinero de los cárteles no se está pudriendo en bodegas sino que se encuentra inserto en los bancos y en el sistema económico mexicano y estadounidense. Efectivamente estaríamos hablando de un mea culpa por parte de los bancos pero, en su descargo, debemos señalar que estas áreas se encuentran las ocupadas 24/7 dando cumplimiento al Regulatory Compliance, por lo que difícilmente pueden conducir investigaciones más profundas buscando aclarar si las alertas generadas por sus sistemas automatizados corresponden auténticamente a personas y empresas vinculadas, o no, con la delincuencia organizada.
De esta forma la DEA podría comenzar a integrar sólidas investigaciones respecto de la ruta del dinero con el que los carteles compran los precursores químicos, corrompen autoridades mexicanas y norteamericanas, compran armamento en Estados Unidos, investigaciones que permitan saber como se lava el dinero que obtienen tras vender el fentanilo y como es que esos dólares les son devueltos a los capos. Esa labor de inteligencia su vez podría permitirle a las autoridades norteamericanas atacar las finanzas, no sólo de los capos, sino de las organizaciones delictivas impidiéndoles, o por lo menos complicándoles, que sigan introduciendo fentanilo a su país.
Por supuesto que esto tendría un costo económico elevado, pero claramente escuché a Anne Milgram decir que el tráfico de fentanilo es la amenaza más mortal que los Estados Unidos ha enfrentado
¿Bombardear a los carteles? Si pero desde adentro.
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Salvador Mejía
smejia@asimetrics.net
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