A un año de la estrategia de seguridad de AMLO, ¿cómo va?

28 de noviembre 2019 | 5:00 am

A días de cumplir su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador está nuevamente en el centro de las críticas por la estrategia de seguridad que está implementando su administración.

La semana pasada, el activista Javier Sicilia dijo que la estrategia del mandatario está desarticulada y fragmentada, lo que ha costado 30,000 muertos desde que tomó funciones.

“Una estrategia fracturada, fragmentada, sin fuerza de Estado, con elementos que están dispersos, por un lado a Guardia Nacional, por el otro la Comisión de Búsqueda de desaparecidos, por otro la Comisión de Atención a Víctimas que ni siquiera se ha reunido con ellos el Estado”, dijo Sicilia en una entrevista.

El presidente López Obrador rechazó cambiar su estrategia, misma que ha defendido a lo largo del año, pese a que la incidencia delictiva no ha modificado su tendencia alcista, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

A un año del ‘cambio de paradigma’

López Obrador ha definido su estrategia como un “cambio de paradigma” para alcanzar la paz en el país durante su sexenio mediante una serie de acciones para fomentar la justicia transicional y quitar base social al crimen.

Algunas de las medidas que contempla en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 todavía no se han alcanzado, como “levantar la prohibición de drogas actualmente ilícitas” y redirigir los recursos que se han empleado en el combate al narcotráfico hacia programas de desintoxicación.

El argumento del gobierno federal es que las medidas de combate al crimen organizado impulsada en el sexenio de su antecesor, Felipe Calderón (2006-2012) y continuada en el de Enrique Peña Nieto (2012-2018) no solo fracasaron en reducir el consumo de drogas, sino que generaron una crisis de seguridad nacional.

Si bien esto es cierto, cifras del SESNSP muestran que el cambio de estrategia no ha sido suficiente para modificar los índices de violencia ni los homicidios dolosos en el país.

El Plan Nacional de Desarrollo tiene como objetivo reducir la incidencia delictiva en 15% hacia 2024 y abatir la percepción de inseguridad entre la población.

En 2018, casi 80% de la población reportó sentirse insegura, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

¿En qué se ha usado el presupuesto?

En 2019, el gasto público dirigido a combatir el crimen ascendió a 101,498 millones de pesos, equivalentes a 0.41% del Producto Interno Bruto.

De este presupuesto 84% se destinó a las Fuerzas Armadas, 12% a la coordinación de la seguridad pública y 4% al combate a la corrupción, de acuerdo con el estudio Gasto público en seguridad: una mirada a la ruta de los recursos, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y el Observatorio Nacional Ciudadano.

“La prioridad del gobierno federal se concentra en el apoyo que las fuerzas armadas otorgan a la seguridad pública para abatir los delitos y homicidios, así como al crimen organizado. El combate a la corrupción queda relegado al tercer lugar, después del eje que incluye a los programas a través de los cuales el Ejecutivo coordina las acciones de seguridad pública”, de acuerdo con el reporte.

El gasto para el combate al crimen aumentó 16.1% en términos reales entre 2008 y 2019. Sin embargo, hasta el momento no se ha demostrado correlación entre el gasto en Fuerzas Armadas y la caída de la inseguridad, señala el documento.

Además de fortalecer al Ejército y a la Marina, la administración de López Obrador creó la Guardia Nacional para cumplir las funciones de policía de proximidad y atender también delitos del orden federal.

La Guardia Nacional proyecta tener 140,000 elementos a fin del sexenio y tener emplazamientos en 266 regiones del país.

Hasta ahora, estos elementos han tenido presencia en la frontera sur para impedir el acceso a migrantes centroamericanos sin documentos, así como en el fallido operativo para capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y cabecilla del Cártel de Sinaloa, llevado a cabo en Culiacán el 17 de octubre.

Por otra parte, 2019 se encamina a convertirse en el año con más carpetas de investigación abiertas por delitos contra la salud desde 2015 -año en que se destinó más dinero a las Fuerzas Armadas-, de acuerdo con cifras del SESNSP con corte al 31 de octubre.

Inseguridad, clave para mantener el respaldo

La capacidad del gobierno federal para hacer frente a la inseguridad y a la violencia en el país será determinante para mantener la aprobación de la ciudadanía, dice Paul Valdés, director de la consultora Parámetro.

La inseguridad es percibida como el principal problema del país y en los últimos meses, los hechos de violencia y la actividad delictiva han acaparado los titulares.

El propio López Obrador, que comenzó su administración con la promesa de un cambio de estrategia que traería paz al país en tres años, ha aceptado en más de una ocasión que su estrategia de seguridad todavía no da los resultados deseados, aunque se muestra confiado en que dará buenos resultados en el futuro.

Este año se han abierto más carpetas de investigación por delitos del fuero común que nunca antes, en todas las categorías contempladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y se encamina a convertirse en el de más homicidios dolosos en la historia.

Sin embargo, la percepción de inseguridad en zonas urbanas hiló en septiembre su segundo trimestre a la baja, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Uno de los factores que abona a esto es la narrativa de combate a la corrupción y al crimen organizado desde el comienzo de la administración.

El anuncio de la estrategia al robo de combustible, el 27 de enero, por ejemplo, llevó al presidente a sus máximos niveles de popularidad.

“En tanto la gente perciba combate a grupos criminales y existan eventos mediáticos o actos del gobierno en esta materia, se va a mantener su credibilidad”, dice Valdés.

Mientras tanto, a un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la retórica sobre su estrategia de seguridad se mantiene inamovible, lo mismo que la tendencia de incidencia delictiva y de homicidios dolosos.