AMLO vs Cofece e IFT: el “peor momento institucional’ tras un siglo sin reguladores

3 de marzo 2022 | 5:00 am

El desdén del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es una constante desde el inicio de su mandato en diciembre de 2018. 

Esta postura ha obligado a los órganos autónomos a capear la reducción de presupuesto, nuevas obligaciones sin recursos adicionales y la toma de decisiones ante la falta de Plenos completos por la omisión del primer mandatario de nombrar nuevos comisionados. 

Ante este escenario, los riesgos para Cofece e IFT radican no solo en afectaciones en materia de competencia, sino en potenciales costos a nivel económico y constitucional, además de comprometer decisiones futuras, lo que por ende tiene un impacto en los consumidores. 

El origen de la autonomía

Luego de una primera Ley de Competencia en 1992, seguida de una primera Ley de Telecomunicaciones en 1995, es el momento en el que se empieza a fortalecer esta idea de autoridades encargadas del propósito de competencia económica y de combatir a los monopolios, dijo María Elena Estavillo, excomisionada del IFT. 

A partir de entonces, empezaron a abrirse oportunidades en telecomunicaciones, así como los juicios de competencia, de licitaciones abiertas para el espectro y juicios para poder regular de manera especial a los agentes con poder sustancial.

Esto sirvió para entender dónde estaban las limitaciones, pero construirlo ha sido un camino muy largo, por eso es tan costoso dar pasos hacia atrás, porque se puede retroceder con una decisión de anular esta construcción institucional de marco jurídico y reglas claras

María Elena Estavillo Flores, excomisionada del IFT.

Para Mony de Swaan, excomisionado presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), México atravesó un periodo donde tardíamente se creó un órgano descentralizado, con autonomía técnica, pero sin necesariamente todas las facultades para regular el sector, que además se creó después de la privatización de Teléfonos de México (Telmex).

Es un camino que nos costó mucho trabajo recorrer. Todo el Siglo XX fue de entregar concesiones al ‘compadre’, hasta la creación de la Cofetel y la creación de la Cofece, estamos hablando prácticamente de 100 años post revolucionarios. A raíz de las privatizaciones nos tardamos 20 años en poder construir esto y hoy estamos a 30 años

Mony de Swaan, excomisionado presidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)

Y fue después de esas dos experiencias infructuosas es que México se apegó a las mejores prácticas internacionales por recomendación de la OCDE, por lo que para el especialista “no es una ocurrencia” ni las reformas estructurales de 2013, ni el escenario actual donde México ‘está parado’.

Momento crítico

Para De Swaan es “el peor momento institucional en muchos años” ante el caldo de cultivo perfecto para que AMLO esté en contra de los autónomos, no solo por lo que él opina y ha abonado, sino también por lo que las mismas instituciones han provocado. 

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En primer lugar, la disputa de facultades en tribunales de Cofece e IFT, lo que abona a la incertidumbre creada ante Plenos incompletos, aunada a la inquietud de los litigios entre ambas.

A esto, se suma la desaparición de la Subsecretaría de Comunicaciones, la cual jugaba un rol como diseñadora, evaluadora, articuladora y promotora de políticas públicas, “un papel que no parece que nadie esté jugando tras su desaparición”, dijo. 

Este mal momento se conjuga con dos actores que, para el especialista, son preocupantes: Por un lado, el aceleramiento del consumo de servicios de telecomunicaciones a raíz de la pandemia y, por otro lado, la transición a redes más avanzadas como 5G, lo que toma a México “muy mal parado”. 

Para el exregulador, México no está preparado para adoptar 5G, más que por esfuerzos particulares, generalmente de las empresas más poderosas. 

No dudo que América Móvil logrará una transición relativamente exitosa, porque tiene los recursos para hacerlo, pero el país en su conjunto no lo va a lograr, y eso va a traer más asimetrías de las que ya tenemos

Si bien es clara la intención del presidente de desaparecer a los órganos autónomos, también es claro que está consciente de que necesita una reforma no administrativa, sino constitucional, para lo que necesita muchos votos y no cuenta con ellos, aseguró Estavillo Flores. 

Es una pena que no se entienda el papel tan relevante que tienen estas instituciones para el país, sobre todo porque la razón de ser de las autoridades de competencia, además de la parte regulatoria del IFT, la parte en la que es garante de derechos humanos

agregó.

Autonomía protege a los consumidores

La especialista precisa que justo la garantía de derechos humanos no podría estar más alineada a lo que expresa López Obrador como la voluntad de su gobierno: combatir la pobreza y las desigualdades.

“Para eso sirven las autoridades de competencia precisamente, para proteger a los consumidores y evitar abusos de poder y la existencia de monopolios públicos y privados. La falta de competencia es como un impuesto muy regresivo, porque daña más a los más pobres”, puntualizó. 

En este punto coincide De Swaan, quien señala que el primer afectado siempre es el consumidor, ya sea cuando se pierde tiempo en la toma de decisiones, cuando hay una crisis constitucional o cuando se deja que el desarrollo tecnologico “nos pase por encima” sin tener el terreno de incorporarlo de manera eficaz.

“Los primeros en pagar las consecuencias son los consumidores, y muy lamentablemente, los consumidores que este gobierno ha dicho que quiere defender: los más marginados y los de menos ingresos”, agregó. 

Desde noviembre de 2021, López Obrador tiene las dos listas de las candidatas y los candidatos que aspiran a sumarse a cada Pleno, sin embargo, no ha enviado hasta ahora ningún perfil al Senado de la República para su ratificación.

Por ello, ambos órganos refuladores han tomado medidas. Por un lado, Cofece promovió una controversia constitucional en contra de la omisión del jefe del Ejecutivo en nombrar a los comisionados que completarán su Pleno, mientras que el IFT hizo cambios en su Estatuto Orgánico antes de la salida de Adolfo Cuevas Teja.