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Una vez en inmerso en el mundo jurídico, aprendió también de Víctor Velásquez a “nunca perder” y hoy es dueño de un récord imbatible en los tribunales. No lleva la cuenta de los casos de los que se ha encargado, pero sostiene con orgullo que en casi 50 años de carrera, no hay un solo abogado que lo haya vencido.
Su trayectoria invicta lo llevó a ser bautizado como el ‘Abogado del diablo’, un mote que no le gusta, y que espera que le arrebaten los abogados que ahora atienden los casos escandalosos. Para él se trata de “algo infamante”, pero contra lo que no puede hacer nada.
En estas casi cinco décadas se ha mantenido cerca de los principales personajes de la cúpula política del país. En su lista de sus representados aparecen los nombres de los expresidentes José López Portillo, Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría.
A este último, quien fue secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, lo defendió durante el sexenio de Vicente Fox de las acusaciones sobre su participación y responsabilidad en la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 y logró dejarlo en libertad.
El linaje familiar de Juan Velásquez está ligado al derecho, a las fuerzas armadas y a personajes que marcaron la historia de México desde finales del siglo XIX.
Su abuelo, Manuel Velásquez, fue subsecretario de Guerra y Marina -como se denominaba al jefe máximo de las fuerzas armadas mexicanas- en el gobierno de Porfirio Díaz, que abarcó de 1876 a 1911. Tal era la cercanía entre ambos que el entonces mandatario y su esposa, Carmen Romero Rubio, fueron padrinos de su hijo, Víctor Velásquez, en 1894.
Víctor, padre de Juan, pasó su infancia en Europa, donde aprendió a hablar inglés, francés, latín y griego. A su vuelta a México, estudió en el Heroico Colegio Militar del Castillo de Chapultepec, del que egresó como subteniente poco antes de que comenzara la Revolución Mexicana.
Durante la turbulencia revolucionaria, los Velásquez salieron del país y se instalaron en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Ahí, Víctor comenzó sus estudios de abogacía, que culminó años más tarde en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Cuando nació Juan Velásquez, su padre tenía 55 años y contaba con una amplia trayectoria profesional. En sus años formativos, la presencia de Víctor lo acercó al derecho y lo alejó de los juegos propios de su edad. Vestía de traje, usaba anteojos y portaba siempre un libro de códigos y una libreta en la que hacía los apuntes de lo que su padre le dictaba en los juzgados que visitaba, aunque “sin mucho gusto”.
Juan Velásquez se recibió como abogado por la UNAM en 1970. Para ese entonces, la experiencia que había adquirido trabajando en el despacho de su padre le permitió acercarse a casos emblemáticos.
Su primer defendido público, en cuya defensa trabajó al lado de su padre, fue David Joel Kaplan, un ciudadano estadounidense acusado de homicidio que en 1971 se fugó a bordo de un helicóptero del penal de Santa Martha Acatitla, el de mayor seguridad del país en esa época. El escape de Kaplan fue bautizado como la Fuga del siglo por la espectacularidad de la maniobra que contó con la participación de Roger Hershner, excombatiente en Vietnam de 29 años de edad que pilotó la nave en la que el convicto y un compañero de celda dejaron la prisión.
Tras ese caso, Velásquez empezó a despegarse de la sombra de su padre para forjar su nombre en el circuito jurídico nacional. Entre sus primeros clientes figuró Joaquín Capilla Pérez, un medallista olímpico al que se le acusó por asesinato a finales de 1980.
Entre sus defendidos prominentes también se cuentan personajes políticos, como el expresidente Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl -a quien consiguió liberar en 2005 luego de 10 años en prisión por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu- así como los exmandatarios José López Portillo y Luis Echeverría.
A los cuatro políticos los defendió ante los tribunales con fiereza y con mayor éxito que ante la opinión pública. Los considera gente cercana, y no le repercuten los cuestionamientos por ofrecerles sus servicios.
A López Portillo, quien fuera presidente entre 1976 y 1982, lo defendió de la denuncia por presunto peculado que interpuso el extinto Partido Social Demócrata (PSD) en su contra en 1983. El caso no representó un reto para el equipo legal del expresidente, puesto que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) exoneró sin juicio al exmandatario y a todos sus colaboradores el mismo año, dice Velásquez.
Un caso similar sucedió con Carlos Salinas de Gortari, quien dejó en manos del abogado su representación por la denuncia que presentó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) por presuntos delitos contra la riqueza nacional y ejercicio indebido de cargo público durante su sexenio (1988 – 1994).
La querella incluyó a los principales colaboradores del gobierno salinista como Pedro Aspe, quien fuera secretario de Hacienda; Miguel Mancera Aguayo, exgobernador del Banco de México; Jaime Serra, exsecretario de Comercio, entre otros. La parte denunciante acusaba a Salinas y a su gabinete de ocultar “dolosamente” la situación real de las finanzas públicas del país por intereses personales y de partido.
Como en el caso de López Portillo, los esfuerzos de los denunciantes se quedaron cortos, y el juicio que impulsaba principalmente Cuauhtémoc Cárdenas nunca llegó a los tribunales, por lo que Velásquez califica su participación como “totalmente marginal”.
Su caso más emblemático hasta el momento llegó en 2004, cuando la justicia mexicana enjuició al expresidente Luis Echeverría por sus presunta responsabilidad en la matanza estudiantil de 1968. El político priista que actualmente tiene 97 años de edad fue secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz entre 1964 y 1970.
El movimiento estudiantil comenzó en julio de 1968 en protesta por la violencia policial y los métodos de represión utilizados por el gobierno de Díaz Ordaz. Los jóvenes exigían la liberación de presos políticos, la derogación de los artículos del Código Penal Federal que establecían el delito de disolución social, la desaparición del cuerpo de granaderos, así como la indemnización de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto.
“No quisiéramos vernos en el caso de tomar medidas que no deseamos, pero que tomaremos si es necesario; lo que sea nuestro deber hacer, lo haremos; hasta donde estemos obligados a llegar llegaremos”, declaró el 1 de septiembre de ese año, durante su cuarto informe de gobierno ante la Cámara de Diputados.
El 2 de octubre de ese año, durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, se cumplió la amenaza. El gobierno utilizó al ejército contra los manifestantes, dejando un saldo de al menos 150 muertos, de acuerdo con conteos del Consejo Nacional de Huelga, conformado por 77 universidades de varios estados del país.
El gobierno reportó tan solo 26 muertos y 100 heridos, así como 1,043 detenidos.
En 2003, el gobierno de Vicente Fox publicó un reporte con datos de documentos desclasificados la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés) en el que calcula hasta 350 muertos.
El reporte derivó en un juicio contra el Luis Echeverría, a cargo de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), creada en 2002 por el primer gobierno federal de alternancia. El objetivo de este organismo era investigar y enjuiciar a los funcionarios responsables de cometer delitos federales contra personas vinculadas con movimientos de protesta o políticos sucedidos en las décadas de 1960, 1970 y 1980, dice el Diario Oficial de la Federación.
La Femospp no logró acreditar la responsabilida de Echeverría, defendido por Juan Velásquez, y lo exoneró de las imputaciones.
El abogado afirma que el fallo judicial final sobre los actos gubernamentales de Tlatelolco fue justo y además desdeña los los conteos que elevan las víctimas mortales o desaparecidos del 2 de octubre un número hasta 13 veces mayor del oficial. Se aferra a los reportes publicados por el propio gobierno de Díaz Ordaz:
“Ese asunto de Tlatelolco es un gran mito. Un gran mito (…) Díaz Ordaz nunca ordenó que mataran a los estudiantes, sería una alucinación (…) Una mentira que se ha ido propagando muchas veces por personas que ni siquiera habían nacido. Comunicadores que no presenciaron el hecho. Lo del ‘2 de octubre no se olvida’ ¿Usted puede olvidar algo que no aprendió?”
La Femospp también buscó enjuiciar a Echeverría por la matanza estudiantil del 10 de junio de 1971 a manos del grupo paramilitar Halcones. Este hecho violento ocurrió durante el primer año de su periodo presidencial (1970-1976).
Los reportes extraoficiales del hecho indican que el grupo paramilitar de los halcones fue responsable de al menos 120 estudiantes muertos, aunque el gobierno aseguró que no hubo víctimas fatales y desconoció la existencia de los Halcones.
“¿Qué sucedió con los halcones? más o menos lo mismo que en 1968, hubo creo que 15 muertos. Y hubo francotiradores a los que se detuvo y se enjuició. Por eso del 71 y 68 surgieron las guerrillas de jóvenes proclives a la Unión Soviética. Jóvenes que iban a la universidad Patrice Lumumba, en Moscú, de ahí a Corea del Norte, se adiestraban en guerrillas, regresaban a Moscú después de haber estudiado Economía o algo y regresaban a México editados como guerrilleros”, dice Velásquez.
Echeverría también fue exonerado por los cargos en 2009.
Tras los triunfos en ambas contiendas legales, el exmandatario le ofreció un pago de cuatro millones de pesos a Velásquez, que él dice haber rechazado, pues ganar el caso resultaba más importante que el cobro de sus honorarios.
A pesar del orgullo que expresa por haber participado en asuntos de interés nacional, Juan Velásquez evita los casos “escandalosos” para disfrutar los logros de su vida profesional.
En tres meses cumplirá 50 años como abogado, y cree que a pesar de que defendió asuntos controvertidos, mantuvo “un buen nombre”. Asegura que nadie que lo conozca lo puede tildar de corrupto, ni de estar en asunto turbios, de delincuencia organizada o de drogas.
Además, dice, lo que más le enorgullece es la Condecoración de Servicios Distinguidos que le entregaron recientemente el Ejército y la Marina de México por su entrega, lealtad, esmero y dedicación en el cumplimiento de su representación legal.
Solo él y Javier Oliva Posada, académico de la UNAM y especialista en Fuerzas Armadas poseen dicho reconocimiento, presume Velásquez. Aunque no le preocupa retirarse pronto, ya sabe lo que desea tras el cierre de su carrera:
