Los problemas de forma y fondo en el memorándum de López Obrador sobre la Reforma Educativa

18 de abril 2019 | 5:00 am

El presidente Andrés Manuel López Obrador defiende la validez del memorándum con el que busca “vetar la mal llamada Reforma Educativa” impulsada durante el sexenio de su predecesor, Enrique Peña Nieto.

Durante su conferencia de prensa este miércoles, el mandatario instó a la oposición y a expertos a denunciar o a ampararse, al tiempo que aseguró que forma parte de sus facultades como titular del Ejecutivo e invocó el “auténtico Estado de Derecho” de México para avalar su postura.

“No es solo un asunto legal, es un asunto político, no es ni una iniciativa de ley, ni un decreto, ni un acuerdo, es un memorándum para propósitos internos, como he dado a conocer otros memorándum”, indicó.

Sin embargo, en la opinión de expertos, este problema va más allá, pues el documento emitido no tiene ninguna clase de sustento y, además, escapan de sus atribuciones como presidente del país.

Formas…

El documento emitido el martes por López Obrador carece de sustento jurídico y de motivaciones, elementos que deben aparecer en todos los documentos oficiales que busquen instrumentar medidas legales o administrativas en la Administración Pública Federal.

“Todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. El documento que él está suscribiendo, necesita tener una motivación e invocar en algún artículo de la Constitución en qué se basa”, explica en entrevista Francisco Burgoa, abogado constitucionalista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El documento, dirigido a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y a los secretarios de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, plantea cambios administrativos que no tienen sustento jurídico, pues la abrogación de la Reforma Educativa apenas se está discutiendo en el Senado de la República.

Entre los cambios que plantea el mandatario están la transferencia de la nómina del magisterio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a Hacienda, “la cual impedirá prácticas patrimonialistas, ‘aviadores’ y cualquier otra forma de corrupción”, la reinstalación de profesores cesados por la aplicación de reformas punitivas y la liberación de docentes encarcelados.

Sin embargo, al no existir sustento jurídico ni amparar la acción en ninguna ley existente, el documento es “fácilmente impugnable jurídicamente”, estimó el martes el ministro en retiro José Ramón Cossío en su cuenta de Twitter.

Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente.

— José Ramón Cossío D. (@JRCossio) April 16, 2019

La noche del martes, el abogado constitucionalista Jorge Álvarez Banderas fue el encargo de iniciar el procedimiento 839727/2019 ante la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, reportó la revista Proceso.

… y fondos

Sin embargo, el problema más grave que existe con el memorándum es que el presidente de la República no se encuentra facultado para emitirlos, así fuesen solo para anunciar disposiciones internas.

“Dijo que es solo para que no se apliquen las medidas de la Reforma Educativa, pero en el fondo está emitiendo un memorándum para que no se cumpla con la ley”, cuando él debería ser el primero en promover su cumplimiento, considera Burgoa.

En el Artículo 89° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las facultades y obligaciones del presidente, no se encuentra la facultad de vetar reformas a la Constitución.

Esta es facultad de la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo dictado por la Carta Magna.

Sin embargo, el presidente sí puede vetar todas las leyes que se desprendan de la Constitución y a él le correspondería expedir reglamentos en materia administrativa, explica Burgoa.

Si una parte de la Constitución no le gusta o no está en su programa de gobierno, que presente la iniciativa , Francisco Burgoa .

La usurpación de atribuciones que por la vía de los hechos comete el presidente ha causado polémica entre especialistas y miembros de la oposición, que consideran que la medida pretende beneficiar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organismo gremial que se ha manifestado en contra de la Reforma Educativa.

“La oposición y la sociedad civil coincidimos: el memorándum del presidente es ilegal. No vamos a permitir que con un papel sin validez transgreda nuestra Constitución para beneficiar a sus aliados”, dijo el martes Marko Cortés, dirigente del Partido Acción Nacional.

Actualmente, la discusión sobre la Reforma Educativa se encuentra en el Senado de la República.