Renuncias en la CNBV comienzan a pasar factura a sus actividades

16 de octubre 2019 | 5:00 am

La Ley de Austeridad Republicana aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y el recorte salarial a los funcionarios federales impuesto desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México desataron una ola de renuncias en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que pueden convertirse en una piedra en el zapato para el regulador.

Desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la semana pasada, 42 altos funcionarios de las 10 vicepresidencias del regulador habían presentado su renuncia, informó en una columna de opinión el periodista Mario Maldonado.

Actualmente, solo una vicepresidenta y un vicepresidente se mantienen en el cargo desde la administración pasada: Gloria Fragoso, del área de supervisión bursátil, y Sandro García, de supervisión de procesos preventivos, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Función Pública.

En las otras ocho vicepresidencias de la CNBV, así como en múltiples direcciones generales se han registrado renuncias.

Entre los funcionarios que abandonaron la institución se encuentran los vicepresidentes José Carrillo (Administración y Planeación estratégica), Carlos Orta (Política Regulatoria), Arcelia Olea (Normatividad) y Edgar Bonilla (jurídico).

Actualmente, el puesto de Carrillo lo ocupa Luis Enrique Landa Fournais, mientras que la vicepresidencia que dejó vacante Orta ahora pertenece a José Antonio Quesada Palacios. En el máximo cargo de Normatividad, quien dicta las órdenes ahora es Margarita María de Guadalupe de la Cabada Betancourt.

Al 30 de septiembre, la vicepresidencia jurídica seguía vacante, de acuerdo con datos de la nómina de la CNBV, publicados por la Secretaría de la Función Pública.

En este escenario, la posibilidad de que el regulador cumpla en tiempo y forma con sus actividades lucen complicadas.

Registro de fintechs, a contrarreloj

En medio de las renuncias en la CNBV, el sector fintech podría ser afectado.

El 30 de septiembre fue el último día de Rocío Robles Peiró en la dirección de Supervisión de Instituciones de Tecnología Financiera y Modelos Novedosos.

La salida de la pionera en la regulación del sector se dio cuatro días después de que comenzara a correr el plazo de entre 90 y 180 días para determinar si la CNBV dará luz verde a las 85 empresas actualmente en operación que presentaron su solicitud de registro.

Hoy el proceso de validación se encuentra en el primer paso y la salida de Robles no es vista en el sector como un motivo de preocupación.

“Si bien es cierto que la cabeza ya no está, todo el personal con el que trabajamos en su momento –para el diseño y la elaboración de los primeros planes de trabajo– sigue ahí. Entonces, sentimos que todo el esfuerzo que llevamos a cabo no está perdido”, dijo Carlos Valderrama, fundador del despacho legal especializado en fintechs, Legal Paradox.

La CNBV no respondió las solicitudes de entrevista de EL CEO sobre el número de renuncias en el área encargada de esta validación, ni sobre el personal que se encargará de esta tarea.

Entre los documentos que el regulador debe revisar están los modelos de negocio que tienen la información de sus accionistas, su liquidez, capital y mecanismos de seguridad.

Este volumen de información debe analizarse a profundidad para emitir observaciones a cada una de las empresas, que deberán subsanar la información y reenviarla al regulador.

Lo que hemos comentado con la autoridad es que más o menos por diciembre nos van a enviar las primeras prevenciones, con las cosas que quieran que mejoremos del paquete que se presentó

Valderrama.

Además, la CNBV debe realizar este proceso de autorización también para las fintech que todavía no están en operación, pero que desean entrar al mercado y verificar que las 200 empresas de este tipo que no presentaron su solicitud de registro en septiembre terminen sus operaciones.

Menos sanciones a instituciones financieras

En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el número de amonestaciones y multas impuestas por la CNBV a las instituciones financieras se han reducido.

En los primeros ocho meses del año, la CNBV impuso 712 sanciones a entidades financieras, centros cambiarios, transmisores de dinero, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), de acuerdo con información del regulador.

Así, este año se encamina para convertirse en el de menos sanciones impuestas desde 2014, cuando cambió la metodología para difundir las sanciones.

Para Marco Provencio, socio director y fundador de la consultora Proa Structura, este proceso no es del todo anormal, pues cada que un equipo cambia, le toma tiempo encontrar una dinámica de trabajo.

Sin embargo, las renuncias y la falta de personal capacitado también son un factor que puede jugar en contra de los procesos básicos de la CNBV.

En la medida que tienes menos capacidades y plazas de alto nivel vacantes, se dificulta la labor de multar cuando sus supervisados cometen una falta

La falta de personal capacitado es otro factor que Provencio considera importante, ya que entorpece el proceso de imposición de sanciones y de conseguir que estas queden en firme a nivel judicial.

“De nada sirve que una institución presente muchas multas si todas van a ser echadas para atrás por los jueces; eso les ganaría una fama de débil antes sus supervisados”, considera.

Un problema con miras a agravarse

Las medidas impuestas por el gobierno de López Obrador pueden suponer problemas a largo plazo para el regulador.

La CNBV es la responsable de dar señales a los mercados, a los inversionistas y a los ciudadanos de la salud del sistema financiero en su conjunto.

“Nos tendríamos qué preguntar qué puede suceder con la solidez del sistema financiero en México si tenemos reguladores sin la suficiente experiencia, sin la suficiente capacitación y por lo tanto, creo que salvo que haya correcciones importantes en el corto plazo, se va a generar un estado de incertidumbre”, consideró Provencio.

Por lo anterior, la imposición de un tope salarial y el impedimento legal para que migren a la iniciativa privada una vez que terminan su encargo, desincentivan que talento altamente especializado quiera unirse al gobierno, dijo Paul Valdés, director de la consultora Parámetro.

“Habría que atender los conflictos de interés en ciertos cargos para evitar la fuga de cerebros y la descapitalización humana”, consideró el especialista.

Sin embargo, hay poca esperanza de que se modifique la Ley de Austeridad Republicana, que fue aprobada por la Cámara de Diputados la semana pasada.

Además, el Proyecto de Presupuestos de la Federación para 2020 contempla al menos 100 puestos de trabajo menos en el regulador respecto a los 1,762 burócratas de este año. Esto abre la puerta a más despidos o a la no renovación de plazas que han quedado vacantes.