Sin embargo, al día siguiente, dirigentes de la agrupación Taxistas Organizados de la Ciudad de México (TOCDMX) emitieron un comunicado que acusaba al gobierno capitalino de tener un “declarado proteccionismo” en favor de las empresas de transporte por aplicación y de incumplir “su palabra, engaña a los taxistas y da muestras de que no desea asumir su papel como regulador de la vida pública”. El motivo, de acuerdo con los voceros de TOCDMX, Ignacio Rodríguez y Daniel Medina, era que las autoridades locales prometieron firmar un documento para que el Invea verificara las unidades de Uber, Cabify y los taxis ilegales y, finalmente, fue expedido otro documento que eximía a las firmas de transporte por aplicación.

El entonces jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, desconoció ambos documentos y aseguró en conferencia de prensa que no se realizaría ningún operativo y se establecerían mesas de diálogo para llegar a un acuerdo para mejorar la competencia.

“Nosotros no vamos a realizar en este momento ningún operativo. Va a haber mesas y me parece que el mensaje que debe haber es que todos debemos voltear hacia la ciudadanía. La ciudadanía quiere que haya una mejora en el transporte público en general en la Ciudad de México y todos debemos de ser parte de eso, de que mejore el transporte público, como lo dije ayer, sin afectar en ninguna clase, sino que por el contrario, sumando los esfuerzos”, señaló a medios de comunicación.

Dos meses después, tras reuniones con directivos de Uber y Cabify, se expidió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el ‘Acuerdo por el que se crea el registro de personas morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los particulares pueden contratar el servicio público de taxi en el Distrito Federal’.

En el documento, se establece la obligación de que los choferes de estos servicios destinen 1.5% de cada viaje al Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón y se niega la posibilidad de los conductores reciban pagos en efectivo, hagan base o se subarrienden los vehículos concesionados. Además, se acordó que los conductores de estos servicios de transporte contarían con un permiso anual, de 1,599 pesos.

Rufino León Tovar era entonces secretario de Movilidad capitalino y fue quien lideró las negociaciones con las aplicaciones de transporte vía aplicación para su regulación.

“Hubo mucha resistencia por parte de Uber y Cabify”, relata el exsecretario en entrevista con EL CEO. Cuenta que, durante el proceso de las negociaciones, las empresas se mostraron reacias a hacer concesiones, por lo que se dificultó llegar a un acuerdo sobre los términos en los que operarían.

“Siempre que hay una negociación de ese tipo, es complicado. Pero luego de hablar con las partes y analizar todo, el documento salió el 15 de julio de 2015”, relata el exfuncionario local.    

León Tovar sostiene que la regulación de este tipo de empresas era necesaria para permitir una competencia justa entre los distintos transportes públicos individuales, e impostergable debido al papel cada vez más importante que tenían los servicios como Uber y Cabify en la capital mexicana.